Por: Roxana Ortiz A.

La jueza de investigación preparatoria de Caravelí que está a cargo del proceso, Pamela Suárez Gonzáles, realizó una maratónica jornada de varias horas para determinar la prisión preventiva de los detenidos en Atico, luego de un enfrentamiento que dejó 14 fallecidos y 5 heridos, todos por disparos con armas de fuego ocurrido el pasado 2 de junio en Caravelí.

Son 31 personas las que fueron detenidas en esa oportunidad, para quienes el Ministerio Público solicitó un plazo de 18 meses de prisión preventiva con el objetivo de investigar más el caso y determinar si son culpables de los presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado, sicariato, tentativa de sicariato, usurpación, lesiones graves y tenencia ilegal de armas.

Según argumentó el Ministerio Público, las personas que participaron en el enfrentamiento, fueron contratados para desalojar a los mineros agrupados en Calpa Renace, sin importar si pierden la vida o no. También cuentan con varios testigos protegidos que están apoyando en el esclarecimiento de los hechos.

Responsabilizan a Wilbert Vilcapoma Aragonez alias Quaker, como la persona que los habría captado para hacer el trabajo a través de un grupo de WhatsApp, en Huaura, Huacho, Callao, Lima y de otras zonas del norte del país; sin especificar de qué se trataba el trabajo. Una de las personas que decidió sumarse al equipo fue el efectivo policial, Gael Campos.

Le dijeron que acudiera hasta una empresa de transportes en Lima y cuando pidió más información en qué consistía el trabajo, le dijo que en Arequipa se las iba a dar, pero cuando llegó tampoco quisieron especificar. Los trasladaron en un camión hasta el distrito de Acarí, donde los hospedaron. De allí marcharon hacia el campamento minero.

Según el testigo, sospechó en la forma de contratación, el ver a sujetos que no contaban con uniforme, algunos protegidos con pasamontañas, además que tampoco les brindaban ninguna información sobre el trabajo a realizar. Le dijo a Vilcapoma que no iba a continuar y éste le conminó a seguir, de lo contrario en esa zona lo iban a asaltar.

Continuaron la caminata hasta que Gael decidió que no iba más y se quedó en medio de los cerros y decidió retornar, pidiendo información a quienes se encontraba en el camino, cómo podría llegar a Atico. Ya al amanecer llegó hasta la carretera y detuvo a una camioneta que trasladaba a efectivos policiales y contó lo sucedido. A esa hora ya se había llevado a cabo el enfrentamiento y la muerte de los mineros.

Por parte de la defensa de los acusados, sustentaron que habían sido contratados para brindar seguridad al campamento minero Intigold Mining y que en ningún momento se habló de ir a matar a personas. Algunos sustentaron que incluso, cuando se produjo los enfrentamientos, ellos se habían quedado dormidos, solo sintieron los disparos y decidieron irse con destino a Coracora en Ayacucho, donde fueron detenidos. Otros dijeron que sí habían disparado, pero era para disuadir a los mineros.

También cuestionaron algunos actos formales, como que las actas de la policía no eran exactas, que habían sido llenadas por diversas personas, que no coincidían. Se hallaron en la zona gran cantidad de armas de fuego, cacerinas, municiones, entre otros, que fueron abandonados mientras huían, según versiones de la policía que intervino.