Por: Roger Santa Cruz Carranza – Politólogo

En el Perú, la educación es un arma fundamental para combatir la desigualdad. Quienes tuvimos el privilegio de estudiar en una universidad pública sabemos que esta representa no solo una aspiración a mejores condiciones de vida, sino también un instrumento para contribuir al soporte de la familia, que, compartiendo los anhelos del miembro que estudia, se involucra en el proceso educativo con todo lo que implica, sacrificando incluso la estabilidad financiera del hogar.

El Gobierno ha puesto en marcha una de sus principales promesas de campaña: ingreso libre a la universidad pública. Esta nueva modalidad de ingreso, que se iniciaría en el 2023, se ejecutará de manera progresiva y pretende incorporar inicialmente alrededor de 6,000 estudiantes. Coexistiendo con las formas actuales de admisión, sin distinción del colegio de procedencia, podrán acceder aquellos que acrediten eficiencia académica y necesidad económica.

Voces cercanas a la clase económica privilegiada o intereses ligados al lucro en el rubro han rechazado esta medida, catalogándola de improvisada, pese a que se aplica en Reino Unido, Portugal o Japón con resultados alentadores. Estos países cuentan con excelente nivel educativo y el compromiso de invertir en talento humano.

La empresa privada puede invertir en la educación como un servicio, pero el Estado debe garantizar este derecho para cualquier peruano(a) que así lo requiera.

En palabras del amauta José Carlos Mariátegui: “No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política”.

La democratización de la educación superior puede ser la primera de un paquete de reformas que se deben aplicar para reestructurar nuestro sistema educativo, entendiéndolo como un proceso ligado a las condiciones económicas y sociales de nuestro tiempo. Estas reformas deben extenderse también a la Educación Básica Regular y Alternativa, facilitando el afianzamiento de los saberes previos del educando en sus respectivas competencias, que permitan llevar adecuadamente esos conocimientos a la práctica, construyendo su desarrollo personal y el de su entorno.

Invertir en talento humano, eximiendo al educando de pagos, es aliviarle la mochila, es entender la educación como un proyecto de vida personal de nuestros ciudadanos.

El proyecto se encuentra en el Parlamento y será debatido en los próximos días.