— Redacción Diario El Pueblo —

El viceministro de Transportes y Comunicaciones, Luis Rivera Pérez, en diálogo con RPP Noticias, señaló que el sector que acata el paro indefinido de transporte de carga, iniciado hoy, demanda, entre otros puntos, la extensión de la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) hasta diciembre, lo cual, en palabras del viceministro, no es posible.

«Esto no es viable para el Perú porque se afecta tremendamente la caja fiscal y se afecta a los peruanos en general. No hay que olvidar que estamos en una situación muy crítica relacionada al problema exterior que impacta en la economía del país. Internamente también tenemos otros problemas como la cuarta ola de COVID-19 y otros virus que están apareciendo y tienen que ser controlados», sostuvo.

En contraparte, el viceministro señaló que el Ejecutivo presentó una alternativa «muy positiva» a los transportistas.

«Se trata de una ampliación de los beneficios del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). Con esta medida, estamos incrementando la compensación de diésel a S/1.49 que, con IGV, es aproximadamente un S/1.76. ¿Qué significa esto? El Estado está compensando a nuestros transportistas de servicio de carga y pasajeros en un total de, aproximadamente, S/5 por galón de combustible», explicó.

Rivera consideró que, con esa medida, con fondos de la caja fiscal, el Estado contribuye «a que el efecto externo del alza del diésel no merme a los transportistas de carga». Sin embargo, señaló que el sector que ha convocado al paro «ha cerrado las puertas al diálogo».

SIN DIÁLOGO

En ese sentido, el viceministro señaló que el sector del gremio de transportistas, liderado por Javier Corrales, representante de la Asociación de Transportistas del Perú y del Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa, se ha negado sistemáticamente al diálogo con el Ejecutivo.

«La semana pasada hemos enviado dos documentos solicitando iniciar la mesa de diálogo, pero lo único que responden es no al diálogo. La respuesta es que se mantienen en su posición. Están pidiendo que, de todas maneras, hasta diciembre, no pagar el ISC. Y esto, no es posible. Serían más de S/3’500 millones de la caja fiscal que se afectarían tremendamente y causarían un efecto muy negativo», sostuvo.

Ante esa situación, Rivera señaló que la postura del gremio «se trata de una imposición de ideas y no de una exposición de ideas», y subrayó que el diálogo «no se ha cortado, porque no se inició».

«Si bien es cierto, estos requerimientos vienen de marzo, esos mismos requerimientos, para el sector que levantó la paralización, se han venido trabajando con diálogo. Lo mismo hemos querido hacer con el señor Corrales, pero lamentablemente no permite el diálogo», afirmó.

Además, consultado sobre el argumento de Javier Corrales sobre que las medidas del Ejecutivo solo benefician a la «gran» empresa y no a las mypes, el viceministro señaló que esto no es correcto.

«Pongo un solo punto: el tema de combustibles. Eso es para todos los transportistas de carga, sin excepción. Inclusive los buses interprovinciales, hasta el transporte urbano. Ahí nomás hay un ejemplo. En el tema de peajes, es lo mismo. Yo creo que hay que tener una información correcta», refirió.

«Lo que ha hecho el Gobierno es hacer un proyecto de ley que establece que el transportista que ingrese al territorio nacional con un combustible que no cumpla con los requisitos de calidad autorizados en el territorio nacional se le impondrá una sanción que podrá llegar hasta el impedimento de ingreso al país», explicó.

El viceministro señaló que dicho proyecto de ley remitido al Parlamento ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Transportes de dicho poder del Estado.