Por: César Peñaranda – El Montonero

De acuerdo a la Constitución el periodo presidencial es de cinco años, plazo que puede acortarse por las causales que establece la propia Carta Magna. En cualquiera de las dos situaciones, podemos afirmar que por el enfoque, política y gestión del actual gobierno el resultado en términos económicos será cada vez más negativo, de perseverar en lo mismo; aunque debe señalarse que cuanto más se extienda el periodo peor será la situación. Esto se deriva de las cifras e indicadores disponibles, y conforme a los múltiples escenarios que se han elaborado respecto a la actual situación y la evolución que tendría el país en general, en particular en el aspecto económico.

Tendría que darse un giro de 180 grados para aplicar un programa coherente con lo sustantivo de lo ejecutado durante la década de los noventa y las dos primeras de este siglo, para cambiar las previsiones que se tienen a corto y mediano plazo. En este sentido sería muy relevante para atenuar la incertidumbre y desconfianza de los agentes económicos y de la ciudadanía en general, una manifestación expresa, seria y contundente de que se respetará la Constitución vigente y que cualquier ajuste podrá efectuarse siguiendo lo que la propia Carta Magna establece, deseo que lamentablemente por ahora está descartado.

Por ello, en el actual contexto, es indispensable tener listo un programa integral que permita al nuevo gobierno aplicarlo de inmediato, definiendo nítidamente lo que será necesario ejecutar dentro de su ámbito de acción tan pronto acceda al mismo, de aquello que requerirá más tiempo por la necesaria presencia de otros poderes del estado, en especial del Legislativo, al referirse mayormente a reformas estructurales, pero siempre con el sentido de urgencia presente.

Siendo lo nuestro el terreno económico, mencionaré brevemente lo que corresponderá realizar, lo que –de acuerdo a nuestra visión– permitirá reparar y fortalecer los cimientos del crecimiento, seriamente afectados; y sin lo cual no será posible una evolución estable del país. Nos referimos concretamente a las instituciones y la estabilidad macroeconómica. Esto a la par con retomar la dinámica de los motores del crecimiento; es decir, de la inversión y la productividad, para retornar a tasas altas de incremento del PIB de manera sostenida. En ambos ámbitos, los cimientos y los motores del crecimiento, corresponde definir lo que exige acción inmediata de aquello que –si bien hay que iniciar igualmente en el corto plazo– demanda mayor tiempo por el análisis y debate que conlleva. Más aún por la presencia de más de un poder del Estado para aprobarlo e iniciar su aplicación.

Como hemos señalado en diversos artículos y entrevistas publicadas en este portal, las instituciones han sido de manera progresiva negativamente afectadas, en algunos casos violentadas, desde los inicios de la segunda década del presente siglo, pero agudizándose peligrosamente durante el actual gobierno. Nos referimos a la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar, al imperio de la ley, la estabilidad jurídica, a la propiedad privada, al respeto a los derechos de autor y al carácter de universal, transparente y oportuna que tiene que ser la información. Como hemos señalado en otras ocasiones esto pone en riesgo a la democracia como sistema político y a la economía social de mercado como sistema económico pues ellas, las instituciones, son claves para consolidar ambos sistemas.

Esto demanda profundas reformas en los tres poderes del Estado, teniendo muy presente que algunas significativas modificaciones podrán realizarse al interior de ellos por las propias autoridades a cargo, siempre que estén convencidas de la necesidad y conveniencia de efectuarlas. Mientras que otras definitivamente necesitarán de leyes y, por tanto, del concurso del Congreso.

En el campo económico será indispensable de inmediato ejecutar algunos aspectos propios de la reforma del Poder Ejecutivo, mientras se delinean otros que tomarán más tiempo y requieren ajustes a leyes existentes o elaborar nuevas, como pueden ser lo pertinente a la descentralización o la reducción del aparato del Ejecutivo reorganizando, fusionando o eliminando organismos públicos. En el primer caso, el inmediato, nos referimos a la urgente necesidad de desmantelar todas las regulaciones, trabas, barreras y sistemas administrativos burocráticos, engorrosos o inútiles que impiden operar satisfactoriamente a las empresas a la par de continuar o iniciar proyectos de inversión, en particular de infraestructura, lo que abrirá el camino para retomar el impulso a la inversión a nivel nacional y la secuela de efectos y beneficios positivos que conlleva, como son la generación de empleo e ingresos y por esta ruta la reducción de la pobreza. Corresponde en especial identificar los proyectos detenidos o listos para iniciarse, a la par con precisar las razones burocráticas por la que no se concretan.

En cuanto al otro elemento central de los cimientos, la estabilidad macroeconómica, en lo inmediato es imperativo realizar los ajustes indispensables a la tributación que complican la marcha de la economía y afectan la recaudación, mientras se elabora y debate la reforma integral de la política tributaria que se requiere para coadyuvar a reducir la evasión y elusión, la informalidad y atenuar al mínimo posible la distorsión que introduce a la función central del mercado, que es la de orientar la asignación de los recursos.

Es importante tener presente, en las circunstancias actuales, que más relevante que allegar recursos fiscales para solventar la acción del Ejecutivo en sus tres niveles –nacional, regional y local– es tener la capacidad de gestión para utilizarlos con eficiencia –hacer más con lo mismo– y eficacia (lograr el objetivo). Dada la incapacidad demostrada del sector público de utilizar adecuada y oportunamente los recursos, sin contar el tema de corrupción, lo sustantivo no es proporcionarles más fondos fiscales si no organizarlos y prepararlos para saber utilizarlos adecuadamente, lo que explica en gran medida el por qué la necesidad como se indicó anteriormente de introducir ajustes al proceso de descentralización y reorganizar el aparato público.

En cuanto a los motores del crecimiento, es decir, la inversión y productividad, el énfasis en lo inmediato tiene que estar concentrado en impulsar la inversión, tanto pública como privada, en especial esta última. Como señalamos, es la que permite en el corto plazo generar los empleos indispensables para atender la creciente demanda de trabajo, proveniente tanto de los que se incorporan al mercado como de aquellos desempleados o subempleados, y por esta vía atenuar y eventualmente eliminar la pobreza, pues al final esta última es un problema de ingresos, a más por cierto de apropiada educación y salud que les permita a las personas aspirar a un mejor empleo o iniciar su propio emprendimiento. La inversión en más y mejores equipos y maquinaria, así como en proyectos de infraestructura coadyuva además a incrementar la productividad, que en el mediano-largo plazo se torna en el elemento clave para crecer a tasas altas de manera sostenida. En la medida que se archive el tema del cambio de Constitución y se respeten las instituciones precisadas al inicio de este artículo, a más de lo señalado en cuanto a los ajustes y reformas del Poder Ejecutivo, la inversión tanto pública como privada iniciará un ciclo positivo.

Finalmente, pero no por ello menos importante, está el tema de la productividad, concretamente de lo que los economistas llamamos la productividad total de factores (PTF), que en simple es la contribución que hacen al proceso productivo todos los elementos que directa e indirectamente intervienen en él; el objetivo es incrementar permanentemente la PTF. Esto conduce a la necesidad de realizar las reformas estructurales calificadas como de segunda generación, para precisamente aumentar el aporte de los elementos claves que participan en la actividad productiva.

Nos referimos en lo sustantivo a la reforma pro capital humano, es decir la de la salud y educación, la pertinente a la ciencia y tecnología, la laboral incluido el tema previsional, a lo que se suman lo indicado respecto al tema del exceso regulatorio y barreras burocráticas que emana del Poder Ejecutivo, y la inversión en infraestructura.

Como vemos, es amplia y compleja la preparación de la agenda de corto y mediano-largo plazo que es indispensable tener lista para aspirar conducir las riendas del país con tranquilidad social y política desde el inicio, pues asegura responder de inmediato a las premuras de coyuntura y garantiza que la evolución será hacia tasas altas de crecimiento de manera sostenida. Por cierto, la agenda no se agota con los temas que hemos considerado, quedan otros que igualmente requieren ser abordados, como los conflictos sociales, la inseguridad y el cambio climático. Al escribir este artículo, al parecer el periodo de transición a un nuevo gobierno será más temprano que tarde; por ello la urgencia de que quienes aspiran a ser gobierno sean conscientes de la necesidad de tener un plan integral listo. Aunque habrá ajustes que realizar, a la luz de la coyuntura del momento y el conocimiento cabal de cómo dejará el país el actual gobierno, a la par de convocar un equipo con la preparación y experiencia idónea para ejecutarlo.

La palabra la tienen en particular los partidos políticos, los gremios empresariales y la academia, que bien pueden coordinar acciones. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias.