Canciller de la República, Elmer Schialer Salcedo.

Por Rocío Velazco C.

CANCILLER ELMER SCHIALER EN AREQUIPA

El canciller de la República, Elmer Schialer Salcedo, ofreció contundente evaluación sobre la huelga minera que ha paralizado vías clave como la Panamericana Sur y ha generado pérdidas económicas millonarias, además de poner en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía.

El titular de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo, abordó los orígenes del conflicto, la estrategia gubernamental y los desafíos que enfrenta el Estado ante las protestas promovidas por mineros informales.

Uno de los aspectos más delicados abordados fue la información sobre el fallecido en el contexto de las movilizaciones. Schialer fue enfático al señalar que las investigaciones policiales están en curso para verificar la veracidad de los hechos. “Nos enteramos por los medios”, dijo, subrayando que cualquier juicio definitivo debe sustentarse en información verificada.

EL DIÁLOGO ES PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO

Cuestionado sobre la presunta demora del Ejecutivo en actuar ante los bloqueos, el canciller defendió con firmeza la estrategia inicial del gobierno de Dina Boluarte: agotar todas las vías del diálogo. “No se ha demorado nada. La primera disposición de la presidenta fue que se agotara el diálogo”, afirmó.

Schialer explicó que el objetivo era hacer comprender a los manifestantes que sus métodos –principalmente el bloqueo de carreteras– vulneraban derechos fundamentales. Puso como ejemplo el caso de Chala, en la región Arequipa, donde más de 25 mil personas estuvieron varios días sin acceso a agua potable debido a la interrupción del paso de cisternas.

“Eso es una violación a la salud, a la vida de estas personas”, remarcó, recordando que el libre tránsito es también un derecho humano. “La gente no aquilata que está afectando el derecho a la salud, el trabajo, la alimentación. El libre tránsito no es una comodidad, es un derecho”, reiteró.

RESTABLECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ANTE INTRANSIGENCIA

Tras varios días de intentos de mediación, el Gobierno decidió actuar con mayor firmeza. El canciller explicó que, gracias al diálogo, muchos manifestantes accedieron a liberar vías, como ocurrió en la avenida Abancay, en Lima, frente al Congreso. Sin embargo, en zonas como Chala, Nazca o Ica, persistían grupos a los que calificó de “recalcitrantes”, que se negaban a cualquier conversación y seguían afectando la vida de miles de ciudadanos.

“Ya no quieren dialogar, no les importa el daño que causan. Ante eso, el gobierno tiene la obligación de restablecer el principio de autoridad”, sostuvo. Durante la entrevista, incluso recibió la confirmación de que se había liberado el acceso a Chala, lo que consideró un avance importante.

ACCIONES IRRESPONSABLES

Una de las acusaciones más graves lanzadas por el canciller tuvo que ver con el uso de personas vulnerables en las protestas. Según Schialer, algunos manifestantes llevaron a sus esposas e hijos menores a las zonas de enfrentamiento, usándolos prácticamente como escudos humanos.

“¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué responsabilidad es esa?”, cuestionó con indignación. También confirmó que, en medio del conflicto,  se registraron heridos, elevando la tensión del escenario.

El impacto económico de las protestas también fue uno de los puntos centrales de su declaración. Se estiman cerca de 200 millones de soles en pérdidas.

Según el canciller, algunos manifestantes estarían recibiendo hasta 120 soles diarios, lo que, considerando la participación de miles de personas, implica el movimiento de millones de soles diarios.

“No se trata de un financiamiento legal o transparente. Hay intereses detrás que buscan generar caos, bloquear carreteras y dañar la imagen del país”, advirtió. A su juicio, no solo se busca perjudicar la economía interna, sino también minar la reputación internacional del Perú y su atractivo para el turismo y la inversión.