Economista principal-Consejo Privado de Competitividad

A puertas de las Fiestas Patrias y con el calendario electoral ya en marcha, resurgen con fuerza los incentivos populistas en el espacio político. Lejos de promover reformas estructurales que fortalezcan al país en el largo plazo, muchos actores apuntan a medidas de corto plazo que buscan popularidad inmediata, aún a costa de la sostenibilidad fiscal. La fórmula es conocida: reducir ingresos y aumentar gastos, sin considerar sus consecuencias.

Desde el lado de los ingresos, preocupa la proliferación de proyectos que erosionan la recaudación o distorsionan su distribución. Un ejemplo reciente es el proyecto de ley que propone redistribuir dos puntos porcentuales del IGV al Foncomun. Esta medida, aparentemente orientada a fortalecer los recursos municipales, omite el impacto que tendría en el presupuesto nacional, especialmente en un contexto en el que la presión tributaria sigue estancada por debajo del 15 % del PBI.

En la misma línea, otro caso es el del predictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), rechazado recientemente tras duras críticas. La versión reformulada por el Congreso distorsionaba profundamente la propuesta inicial del Ejecutivo. Entre otras cosas, planteaba permitir operaciones en concesiones ajenas sin permiso del titular, otorgar una exoneración penal por 12 meses, y transferir la supervisión ambiental de organismos especializados como OEFA u OSINERGMIN a los gobiernos regionales, debilitando los controles. La propuesta también reavivó el debate sobre el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un mecanismo creado en 2017 que, en la práctica, ha sido un refugio para la informalidad. Después de ocho años, solo el 2,4 % de los inscritos han logrado formalizarse, de una población estimada entre 300 mil y 500 mil mineros informales. En lugar de corregir estos errores, se pretende perpetuarlos.

En paralelo, por el lado del gasto público, persisten decisiones que agravan aún más la debilidad fiscal. La más reciente es el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas sobre una “reestructuración” de la deuda de PetroPerú. Aunque el término suene técnico, en la práctica se trata de otro rescate financiero. La empresa estatal ha requerido constantes inyecciones de capital y garantías del Estado durante los últimos cuatro años. Ahora, con vencimientos inminentes de deuda privada a fines de julio, el Gobierno se alista para un nuevo salvataje. Se estima que Petroperú necesita al menos 1 000 millones de dólares en liquidez en el corto plazo, mientras que su deuda total bordea los 7 000 millones. Lejos de buscar una solución estructural o una reforma de gobierno corporativo, se opta nuevamente por tapar el agujero con recursos públicos.

A este tipo de decisiones se suman gastos ya concretados que no responden a criterios de eficiencia o necesidad. Un reciente informe del Consejo Privado de Competitividad revela que el gasto institucional en bienes y servicios ha crecido en más de S/ 2 600 millones entre 2021 y 2025. Además, el llamado “gasto no crítico” —aquello que no es esencial para el funcionamiento básico del Estado— aumentó en más de S/ 1 000 millones. Para poner en perspectiva el valor de esos S/ 2 600 millones, basta señalar que es una cifra comparable al presupuesto total destinado en 2025 a todos los programas de desarrollo infantil temprano, que asciende a S/ 2 420 millones. Este monto financia intervenciones clave como las campañas de vacunación completa, los controles de crecimiento y desarrollo (CRED), la atención de enfermedades comunes en la infancia como la anemia, las infecciones respiratorias y diarreicas agudas, así como el programa de familias saludables. Es decir, recursos equivalentes al bienestar y salud de la primera infancia están siendo absorbidos por gastos muchas veces superfluos o injustificados. En particular, destaca el caso del Congreso de la República, cuyo presupuesto ha crecido un 302 % desde el inicio de su actual gestión en 2021. Este incremento contrasta con el creciente descontento ciudadano hacia el Parlamento, y con los múltiples cuestionamientos sobre su productividad y transparencia.

La combinación de ingresos debilitados y gasto creciente configura un escenario riesgoso. En un contexto de bajo crecimiento económico, alta informalidad y menor espacio fiscal, este tipo de populismo es particularmente dañino. No solo compromete las cuentas públicas, sino que reduce el margen de maniobra para enfrentar futuras crisis, invertir en infraestructura o atender necesidades sociales de manera sostenida.

Urge, por tanto, un debate público más responsable. Gobernar no debería significar repartir beneficios efímeros ni relajar reglas fiscales bajo pretextos políticos. El país necesita liderazgos que prioricen la estabilidad, el crecimiento y la equidad en el largo plazo. Lo contrario —seguir en la ruta del facilismo populista— solo agravará los problemas estructurales que arrastramos y postergará, una vez más, las reformas que el Perú necesita.