Por Jorge Turpo R.

Más de 100 agentes intervinieron terrenos de minería artesanal sin aviso a la Fiscalía, en un contexto de alta tensión social en la provincia arequipeña.

MINISTERIO PÚBLICO ASEGURÓ QUE NO LOS CONVOCARON

Más de cien efectivos de la Policía Nacional del Perú realizaron ayer un operativo en los terrenos conocidos como minera Ishihuinca, en la provincia de Caravelí. La intervención policial se desarrolló en un pequeño poblado donde se concentran actividades de minería artesanal, sin la presencia ni el conocimiento previo del Ministerio Público, lo que ha generado una fuerte polémica en la región.

El despliegue masivo de agentes causó desconcierto entre los habitantes de Caravelí, quienes viven en un ambiente de creciente tensión debido a las recientes protestas de mineros informales, que la semana pasada dejaron un fallecido y enfrentamientos con la Policía en la Panamericana Sur.

Ante los hechos, el Distrito Fiscal de Arequipa emitió un comunicado oficial en el que aclara que “las labores de interdicción realizadas por la Policía Nacional en zonas mineras de Caravelí se efectuaron sin conocimiento ni participación de representantes del Ministerio Público”.

Según el pronunciamiento, ni la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ni la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí fueron informadas sobre el operativo, ni conocen el sustento jurídico de la intervención.

El Ministerio Público expresó su rechazo a este tipo de acciones unilaterales y reafirmó su compromiso de actuar en coordinación con la Policía Nacional para garantizar procedimientos objetivos y ajustados a derecho.

TENSIÓN TRAS PROTESTAS

Este operativo se da en un contexto particularmente sensible. El viernes anterior, ocho personas fueron detenidas en flagrancia durante las protestas de mineros informales que mantenían bloqueada la carretera Panamericana Sur.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, a cargo del fiscal Marcos Camacho Correa, solicitó detención preliminar por siete días para los implicados, quienes fueron identificados como José Sánchez Q., José Luis Nucante C., Juan Machaca Z., Cristian Torres H., Isau Oroltegui S., Vicente Evangelista C., Mercedes Quispe Ch. y Gustavo Mamani A.

Todos ellos son investigados por presunta comisión del delito de disturbios y violencia contra la autoridad. La intervención se realizó mientras la Policía despejaba la vía, obstruida por piedras y llantas. Según el acta policial, los manifestantes se resistieron al arresto y respondieron con violencia.

ABANDONO Y RECLAMOS

Frente a esta situación, el alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto Riveros, pidió al Gobierno esclarecer las acciones policiales y reiteró sus constantes reclamos por el abandono histórico de su provincia.

“Caravelí es la provincia más ignorada de la región”, denunció. Más de 50 mil habitantes de distritos como Lomas, Bella Unión, Chala y Atico no cuentan con agua potable y viven expuestos a la inseguridad, la minería ilegal y a restricciones que afectan su principal actividad económica: la pesca.

Soto Riveros criticó a las autoridades regionales por ejecutar proyectos de bajo impacto, ignorando obras fundamentales como el sistema de agua potable y desagüe para Chala. “No hay voluntad política porque somos una provincia incómoda ideológicamente”, afirmó.

El alcalde también recordó la protesta pacífica realizada entre el 21 y 24 de octubre del año pasado en el sector de Nauquipa (distrito de Cahuacho), donde pobladores exigieron la erradicación de la minería ilegal de la zona intangible de la subcuenca de Cotahuasi. La respuesta, según denunció, fue una violenta represión policial. “Lo único que pedían era proteger la vida de los guanacos y los cóndores, especies en amenaza”, sostuvo.

Otro punto de conflicto es la pesca artesanal. Más de 500 personas dependen de esta actividad en el distrito de Lomas, pero están paralizadas por la veda del pejerrey y el jurel impuesta por Produce. Según el alcalde, muchos pescadores son criminalizados cuando intentan extraer otras especies como erizo rojo o bonito en zonas costeras como Tres Hermanas y Yanyarina, actualmente en disputa entre Ica y Arequipa.

“Están siendo tratados como ilegales por pescar en su propio mar”, advirtió Soto.

La intervención policial sin presencia del Ministerio Público reaviva tensiones en una provincia que carga con múltiples demandas insatisfechas, y donde la descoordinación institucional solo parece empeorar el clima social.