Por Isabel Alvarez Fotos: Zintia Fernández

La mayor parte de la población desaprueba gestión regional. Más del 70 por ciento de la población de Arequipa considera que la gestión regional es mala o muy mala, cifra que ha aumentado en los últimos dos años, y las municipalidades no se quedan atrás con la desaprobación. Mientras la Defensoría del Pueblo recibe quejas constantes sobre estas instituciones.

MÁS QUEJAS EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Las manifestaciones sociales que denuncian la inacción de las autoridades o que exigen su intervención para mejorar alguna infraestructura, así como las quejas que se presentan cada año ante la Defensoría del Pueblo, son una clara muestra de que las principales instituciones del Estado no están haciendo las cosas bien.

Es sabido que una gran mayoría de la ciudadanía del país desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, alcanzado al 93 %; pero ¿cuál es la percepción respecto a las autoridades de Arequipa?.

Según el informe de “Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones (octubre 2024-marzo 2025)», del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 73.6 % de la población de Arequipa valora la gestión del Gobierno Regional como mala o muy mala.

En su tercer año de gestión, en lugar de mejorar la percepción ciudadana, esta empeoró. Es que, para el periodo de octubre de 2023 a marzo de 2024, la gestión regional era considerada mala o muy mala por el 64.4 %, nueve puntos porcentuales menos respecto del último reporte.

Aunque la percepción negativa hacia los gobiernos locales (municipalidades) es ligeramente menor, tampoco mejoró en los últimos años. Tomando en cuenta los periodos mencionados líneas arriba, el porcentaje de la población que valora la gestión local como mala o muy mala se elevó de 55.9 a 60.5.

Como es de esperarse, la aprobación disminuyó en ambos casos. Para los gobiernos locales, la cifra de quienes valoran la gestión como buena o muy buena bajó de 37.7 % a 34.4 %. Mientras tanto, la calificación positiva para el Gobierno Regional disminuyó de 22.5 % a solo 16.2 %.

De esta manera Arequipa está entre los nueve gobiernos regionales peor calificados.

QUEJAS 

Estas cifras también se ven reflejadas en las quejas que recibe la Oficina Defensorial de Arequipa (ODA). En 2024, atendió 1 325 y en el primer semestre del 2025 fueron 586 quejas contra diferentes instituciones del Estado.

El año pasado, 553 quejas fueron contra los gobiernos locales. También se registraron quejas en los sectores educación y salud. Respecto a este último, hubo 45 contra los hospitales del Gobierno Regional de Arequipa.

El panorama es similar este 2025. Andrea Sarayasi, jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, informó que los temas más frecuentes en las quejas hacia los municipios son las demoras en los trámites y procedimientos.

Sucede que, de acuerdo a la Ley 2744, los trámites a los petitorios de la ciudadanía deben durar 30 días, sin embargo, hay personas que presentaron sus documentos en 2024 o entre febrero y marzo del presente año, pero no tienen respuesta de la entidad hasta el momento.

Sarayasi advierte que en estos casos hay responsabilidad administrativa, no obstante, los funcionarios se han acostumbrado a incumplir plazos y a no ser sancionados. Eso pasaría también porque el secretario técnico de las comisiones de procedimientos administrativos disciplinarios son de la misma gestión.

En la gestión regional, Sarayasi alertó que en Agricultura hay expedientes para la titulación de terrenos agrícolas que están hasta un año en trámite, mientras que otros, incluso, se pierden. Cuestionó más que este trato se les dé a los adultos mayores, población que debería tener prioridad.

El problema: falta de sensibilidad en los funcionarios, sostiene la jefa de la ODA, quien considera que la Contraloría también debería intervenir en estos temas.

FALTA DE INTEGRIDAD

Si estas instituciones del Estado “cumplieran a rajatabla con las normas y todas sus competencias, la población tendría una mejor calidad de vida”, señala; no obstante, ello dista mucho de la realidad.

A ello se suma la falta de integridad, corrupción. Precisa que hay expedientes técnicos que se aprueban sin el debido análisis, sin verificar si son copiados. La primera consecuencia que se puede generar es un conflicto social.

En segundo lugar, están las ampliaciones de plazo y presupuestales, que a veces la Contraloría verifica que no tienen sustento técnico. Lo que pasa después es que las observaciones llevan a paralizar las obras.

En Arequipa tenemos casos de hospitales del Gobierno Regional, así como colegios o postas paralizadas a cargo de gobiernos locales. Estas infraestructuras a medio hacer perjudican a la población que no pueden acceder a buenos servicios de salud, educación o de transitabilidad.

Sarayasi advierte también problemas cuando se cambia la modalidad de ejecución de obras, de contrata a administración directa. En esta última hay riesgo de direccionar los contratos o procesos de compra. Al final se tienen obras que incluso pasan por varias gestiones sin ser terminadas.

Esta falta de conciencia no solo parte de los funcionarios públicos, sino también de los contratistas.