Por Jorge Turpo R.

El general PNP Víctor Zanabria Angulo es acusado de haber dispuesto que al menos 15 efectivos policiales fueran desviados de sus labores de patrullaje para ejecutar trabajos de construcción y albañilería dentro del complejo policial de la IX Macro Región Policial.

POR EL CASO “POLICÍAS ALBAÑILES”

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha solicitado la suspensión por 18 meses del actual comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo. La medida, que deberá ser evaluada por la jueza Janet Lastra, responde a la investigación por presuntos actos de corrupción vinculados al denominado caso de los “policías albañiles”, ocurrido durante la pandemia.

Según fuentes del Poder Judicial y el Ministerio Público, la solicitud ya fue presentada y se encuentra a la espera de una audiencia que deberá fijar la magistrada.

El caso apunta a que Zanabria, entonces jefe de la Región Policial de Arequipa, permitió que al menos 15 efectivos policiales fueran desviados de sus labores de patrullaje para ejecutar trabajos de construcción y albañilería dentro del complejo policial de la IX Macro Región Policial.

La Fiscalía lo investiga por los delitos de negociación incompatible, colusión y peculado doloso.

Las pesquisas también alcanzan al coronel PNP en situación de retiro, Francis Alarcón Gallegos, hoy prefecto regional de Arequipa; Luis Cancela Roggero, exjefe de Administración de la MACREPOL; Claudia del Castillo, exjefa de Patrullaje a Pie; y Rolando Rodríguez Bilbao, exoperador logístico.

El centro de la acusación fiscal es la contratación irregular del obrero Claver Colquehuanca Quispe en junio de 2020.

Este trabajador declaró que recibió un pago de S/ 4 700 por su mano de obra, con la promesa de que la Policía pondría a los ayudantes: es decir, policías en actividad.

Mientras se desarrollaban los trabajos —que incluyeron el mejoramiento del cenotafio, el enchapado en piedra laja y las astas de bandera—, quedó un saldo de S/ 200 por pagarle al obrero.

Para “regularizar” la situación, en setiembre de 2020, ya con la obra prácticamente terminada, la Región Policial lanzó un proceso de contratación con nombre y apellido: Colquehuanca. Pero para que este pudiera cobrar legalmente, se le ayudó a inscribirse en la SUNAT, obtener RUC, registrarse como proveedor del Estado y abrir una cuenta bancaria. Todo esto fue gestionado por los propios miembros de la institución, según consta en su declaración.

Lo más grave es que, en noviembre de ese mismo año, Colquehuanca ganó el contrato por S/ 17 600. A los pocos días, se le transfirió el monto a su cuenta.

Sin embargo, al momento de cobrar, según su testimonio, fue presionado por Zanabria y los otros investigados. Le pidieron que se quedara con los S/ 200 que le debían y entregara el resto a Rolando Rodríguez.

El obrero accedió, pero luego devolvió el dinero mediante una carta notarial fechada el 16 de noviembre de 2020.

PEDIDO TARDÍO

Para el abogado de los policías afectados, José Palacios, la solicitud del Ministerio Público es «tardía» porque Zanabria pasará al retiró en diciembre al cumplir 40 años de servicio.

«Se trata de una decisión tardía de la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa porque Zanabria está a punto de pasar al retiro, pero creemos que esa medida sí va a ayudar mucho en las investigaciones fiscales, pero esta decisión va a tener que ser evaluada por el juez de la investigación preparatoria, quien finalmente decidirá el tiempo y si acepta el pedido del Ministerio Público”, dijo Palacios en una emisora local.

LA DONACIÓN FANTASMA

Pero la historia no termina con los “policías albañiles”. La Fiscalía descubrió que mientras se ejecutaba este proceso irregular, Víctor Zanabria solicitó un “donativo” a la minera La Soledad SAC. El pedido se formalizó el 3 de noviembre de 2020.

Según las indagaciones, Errol Alberto Carpio Yzaguirre, apoderado de la empresa, acudió personalmente a las oficinas del general para definir el monto, que coincidió exactamente con la cifra adjudicada a Colquehuanca: S/ 17,600.

El 10 de noviembre, Carpio entregó el dinero en efectivo, pero no a través de canales oficiales.

El general Zanabria ordenó que el monto lo reciba su colaborador de confianza, Francis Alarcón Gallegos. Ese dinero nunca fue registrado formalmente ni ingresó a las arcas policiales.

Para la Fiscalía, este acto configura peculado doloso. En vez de gestionar la recepción del donativo mediante resolución directoral, como manda la ley, el general habría ocultado la operación.

Por lo pronto, lo que se espera es la decisión de la jueza Janet Lastra, sobre el pedido de suspensión contra Zanabria Angulo. La acusación fiscal se presentaría el 25 julio, fecha en la que culmina el plazo de investigación.

AUTOS DE LUJO

De otro lado, mientras en varias comisarías de Arequipa los patrulleros están malogrados o inoperativos —como ocurre en Dean Valdivia o Ciudad Municipal, donde los vecinos hacen polladas para reparar los vehículos—, el alto mando policial recibió una inyección de recursos en forma de vehículos de lujo.

Con el visto bueno del comando policial y bajo el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, se autorizó la compra de 168 vehículos de alta gama por un total de S/ 17.3 millones.

Entre las adquisiciones figuran ocho camionetas Audi Q5, destinadas exclusivamente a los tenientes generales, cada una con un valor superior a los S/ 200 mil.

Los generales recibieron camionetas Toyota RAV4 híbridas y los coroneles sedanes Toyota Corolla.

La compra se realizó por administración directa a través del SEACE, sin licitación abierta. Euroshop vendió los Audi; Autoespar, los Toyota.

Aunque la norma permite asignar vehículos oficiales a los altos mandos, no establece marcas ni modelos. La elección de estos automóviles —con asientos de cuero, pantallas digitales y otras comodidades— ha sido duramente cuestionada.

Una de las camionetas Audi fue asignada directamente al propio Zanabria, pese a las urgencias logísticas en regiones golpeadas por el crimen y la precariedad. Para muchos, es la metáfora perfecta de una institución donde los oficiales patrullan en cuero y los suboficiales, en parches.