Por Jorge Turpo R.

Urge modernizar los sistemas de ciberseguridad del Estado. Más de S/ 2 millones 300 mil fueron sustraídos en tres entidades del Estado en menos de dos semanas. El Banco de la Nación y los sistemas de seguridad digital, en el centro del debate.

SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD DEBEN MODERNIZARSE

En un preocupante episodio de vulnerabilidad digital, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), la Municipalidad Distrital de Yura y la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Caylloma fueron víctimas de robos cibernéticos que, en conjunto, superan los dos millones trescientos mil soles.

Estos casos, ocurridos entre el 21 y el 30 de julio, reflejan un patrón de ataque sistemático a entidades públicas, poniendo en entredicho la eficacia de los controles financieros y de ciberseguridad del Estado.

El Gobierno Regional informó que el pasado 30 de julio, personal de Tesorería detectó movimientos bancarios irregulares durante un proceso de conciliación financiera. Inmediatamente se presentó una denuncia ante el Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según el acta policial, desde una cuenta del Banco de la Nación se realizaron tres transferencias no autorizadas: S/ 158 mil a nombre de «Felix Constructores y Consultores EIRL», y otros dos montos de S/ 280 mil y S/ 300 mil a «Bienes y Servicios MJVR EIRL», sumando un total de S/ 738 mil.

Al detectar el desfalco, los funcionarios del GRA comunicaron el hecho al gerente del Banco de la Nación y deslindó responsabilidad institucional.

Además, se presentó un informe a la Procuraduría Pública Regional para que inicie las acciones legales correspondientes, al mismo tiempo que se revisan los sistemas de seguridad digital y los protocolos internos de control financiero.

“El Gobierno Regional reafirma su compromiso con la transparencia y la defensa del patrimonio público”, señaló en un comunicado oficial.

EL FRAUDE MÁS CUANTIOSO

Cinco días antes, el 24 de julio, la Municipalidad Distrital de Yura fue blanco de otro golpe. Más de S/ 1.5 millones fueron transferidos ilícitamente desde una cuenta destinada a operaciones y equipamiento institucional.

Según el gerente municipal, Miguel Vilca Gutiérrez, el fraude se habría ejecutado tras una llamada telefónica a la tesorera y al gerente de administración, supuestamente desde el Banco de la Nación.

Durante la conversación, que duró más de 30 minutos, los ciberdelincuentes lograron obtener las claves de acceso a la cuenta bancaria bajo el pretexto de que estaba bloqueada.

Las investigaciones preliminares indican que el dinero fue transferido a cuentas de empresas con sede en Trujillo, en sectores como farmacéutica, mueblería y construcción, que podrían ser fantasmas.

Vilca aseguró que el robo no afectará los servicios ni la ejecución de obras. No obstante, anunció la rotación de la responsable de Tesorería y la suspensión del encargado de administración financiera, mientras avanzan las investigaciones.

UGEL CAYLLOMA

Mientras que el 25 de julio, la UGEL Caylloma también fue víctima de un fraude por S/ 130 mil.

La directora de la entidad, Rocío Siu Anteza, informó que el dinero estaba destinado al pago de incentivos económicos a trabajadores administrativos y personal nombrado bajo la Ley 276.

Siu explicó que, ante problemas para acceder al sistema de transferencias virtuales, personal de la UGEL acudió al Banco de la Nación, donde se les indicó que debían actualizar el aplicativo.

Posteriormente, al intentar realizar la operación, el sistema colapsó. Poco después, descubrieron que los fondos habían sido desviados.

La directora negó que los trabajadores de la UGEL sean responsables y señaló posibles fallas o negligencia del personal del banco. “Los hechos deben ser investigados con celeridad, porque se trata de recursos directamente vinculados al bienestar de nuestros trabajadores”, puntualizó.

Los casos del GRA, Yura y Caylloma no son aislados. De hecho, se suman a otros similares ocurridos en municipios como Sullana, en la región Piura.

Todo apunta a una modalidad que aprovecha vulnerabilidades humanas y tecnológicas, mediante ingeniería social y suplantación de identidad, para obtener acceso a cuentas estatales.

La Policía de Alta Tecnología investiga los vínculos entre los beneficiarios de las transferencias y posibles redes delictivas que operan con empresas pantalla. Mientras tanto, el Banco de la Nación ha sido requerido para colaborar con las indagaciones y reforzar sus mecanismos de seguridad.

Estos hechos evidencian la urgente necesidad de modernizar los sistemas de ciberseguridad del Estado y capacitar al personal administrativo en prevención de delitos informáticos. La falta de controles efectivos no solo pone en riesgo recursos públicos, sino también la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.