En el Perú, la inversión pública se ha convertido en una carrera en la que abundan las partidas, pero escasean las llegadas. El reciente análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC) sobre la capacidad de gestión en inversión pública entre 2010 y 2024 revela una paradoja preocupante: cada vez declaramos más proyectos viables, pero cerramos pocos, con una velocidad de ejecución que en promedio se ha reducido en el tiempo.

Desde 2010 a diciembre de 2024, más de 250 mil proyectos han tenido una declaratoria de viabilidad; es decir, han recibido luz verde en su Unidad Formuladora para ejecutarse. La gran mayoría —86,8 %— está en manos de los gobiernos locales, que, pese a su entusiasmo para incorporar iniciativas, enfrentan serias limitaciones para llevarlas a la meta. Su tasa de cierre es del 52,6 %, similar a la de los gobiernos regionales (52,5 %), y apenas mejor que la del gobierno nacional (45,5 %). En otras palabras, casi la mitad de los proyectos se queda a medio camino, generando un cementerio de ideas inconclusas que pesan sobre las arcas públicas y sobre la confianza ciudadana.

El estudio introduce un concepto revelador: el índice de velocidad de ejecución, que mide el tiempo que tarda un proyecto desde su declaratoria de viabilidad hasta su cierre, ajustado por millón de soles. Aquí, los gobiernos locales también salen mal parados: requieren 3,6 años por millón para completar un proyecto, frente a los 2,2 años de los gobiernos regionales y los 2,8 años del gobierno nacional. Las demoras son particularmente graves en la fase de planificación (entre la declaratoria de viabilidad y la aprobación del expediente técnico) y en el tramo final de ejecución (entre el inicio y fin de la obra).

El comportamiento en el tiempo es igualmente preocupante. La velocidad de ejecución alcanzó su mejor registro en 2010 (0,689) y cayó de forma sostenida hasta 2021 (0,488). Desde entonces ha habido una tímida recuperación —0,510 en 2024—, pero aún estamos lejos de los niveles previos a la pandemia y mucho más de los inicios de la década.

Otro aspecto por considerar es la escala de los proyectos. Mientras el gobierno nacional gestiona proyectos más grandes (S/ 10 millones en promedio) y los gobiernos regionales manejan montos intermedios (S/ 6 millones), los gobiernos locales se concentran en obras pequeñas (S/ 1,5 millones). Sin embargo, incluso con presupuestos reducidos, su capacidad de ejecución relativa es la más baja. El estudio también evidencia que los proyectos de mayor envergadura tienden a ejecutarse con más eficiencia, lo que abre una pregunta incómoda: ¿estamos fragmentando el presupuesto en una multitud de obras pequeñas que, lejos de avanzar con agilidad, se arrastran durante años?

El periodo 2021-2024 confirma las tendencias y la heterogeneidad territorial. Ministerios como Transportes y Comunicaciones o Defensa se ubican por encima del promedio de velocidad del gobierno nacional, mientras que sectores como Vivienda o Interior se rezagan. A nivel regional, Tacna, Cusco y Apurímac destacan, pero Huánuco, Pasco y Áncash muestran índices muy por debajo del promedio. En el ámbito local, Loreto, Ucayali y Tacna sobresalen, pero Huancavelica, Pasco y Junín se encuentran considerablemente rezagados.

El diagnóstico es claro: nuestro sistema Invierte.pe, pese a los avances normativos, sigue incentivando la proliferación de proyectos sin garantizar la capacidad real de ejecutarlos. Es como si celebráramos la inscripción masiva de corredores en una maratón, sin mirar cuántos cuentan con las condiciones para llegar a la meta.

La solución no pasa solo por más recursos, sino por una cirugía mayor en la gestión: priorizar proyectos estratégicos de mayor impacto y fortalecer las capacidades técnicas en los gobiernos subnacionales. También es urgente repensar los incentivos del sistema. Las autoridades deben ser evaluadas no solo por la cantidad de proyectos que inician, sino por los que efectivamente completan. La rendición de cuentas debe enfocarse en resultados, no en promesas.

El Perú no puede seguir permitiéndose el lujo de una gestión pública ineficiente. Cada proyecto no ejecutado representa una escuela sin construir, una carretera sin asfaltar, un centro de salud sin equipar. La reforma del sistema de inversión pública no es solo una necesidad técnica; es un imperativo moral con el desarrollo del país.