Por: Carlos Meneses

“Las exigencias del periodismo son de la opinión pública. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se manejan las cosas desde el poder y con los dineros públicos”.

Cuando el presidente Castillo dialogó con los hombres de prensa que lo esperaban en Palacio de Gobierno, después de acercarse a la Fiscalía de la Nación, sostuvo que a los periodistas les pagan por preguntar y que mal hacían los diaristas que en lugar de solo interrogar se daban a sí mismos respuestas que resultaban perjudicando al gobierno y a la estabilidad de la gestión del actual régimen.

Las agrupaciones de empresarios y también las organizaciones de defensa de la libertad de prensa han respondido a la afirmación del mandatario recordando que el trabajo periodístico está referido a la obligación de informar, sometido a la exigencia y derecho de la opinión pública de conocer cómo se manejan los asuntos de Estado en donde se deben esclarecer las cuestiones que preocupan a todos porque tienen relación con el futuro de la República y con la vigencia plena de las libertades en el país.

Tenemos que reconocer que pueden haber equivocados en la tarea de hacer prensa. No hay duda alguna que algunos políticos aprovechan la coyuntura para sacar ventaja de ella, pero de ahí a aplaudir el uso frecuente del derecho que tiene un imputado de negarse a declarar por consejo de sus abonados, hay un trecho largo e incómodo.

Está aceptado como una realidad que el presidente no puede ser acusado sino al término de su mandato, pero no resulta verdadero ni tampoco conveniente que no pueda ser investigado para evitar que con el paso del tiempo se pueda confundir con impunidad lo que puede averiguarse y esclarecerse hoy.

Entre opiniones, deben definir quiénes están llamados por la ley hacerlo y ya lo han hecho a través de la Fiscal Suprema de la Nación que considerócomo procedentes las investigaciones fiscales que han sido ordenadas y están en trámite.

Para cualquier ciudadano el negarse a declarar supone riesgo de obstaculizar la averiguación de la verdad y no porque lo digan los abogados defensores de los imputados el no esclarecimiento es sinónimo de ocultar lo que el pueblo tiene derecho a saber.