REFLEXIONES

He leído programas o planes de gobierno de muchas de las agrupaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales del 2026 y casi nada referencia a los censos nacionales efectuados hasta el 2017.

¿Y por qué deben ser tenidos en cuenta por aquellas personas que tienen el interés de gobernar la nación, ya sea en el gobierno central, regional o municipal? Porque un censo nacional es como una radiografía para conocer en qué estado se encuentra el país, cuántos somos, cuál es nuestra situación actual en costa, sierra y selva, qué tenemos y de qué carecemos, cuáles son nuestras necesidades más apremiantes, qué problemas enfrentamos y cuál es nuestro potencial humano.

¿Y para qué tanta información? Para que nuestros gobernantes, funcionarios, ejecutivos, empresarios, investigadores, profesores, estudiantes o cualquier persona interesada planifique y tome la mejor decisión en sus actividades respectivas presentes y futuras.

Conocer la realidad nacional nos ayuda a gobernarla mejor y a administrar eficientemente los recursos económicos, la infraestructura y los servicios del Estado. Esta información se transforma en políticas, planes, programas y estrategias públicas que deben crear, innovar, ejecutar, desarrollar, monitorear y fiscalizar todos los poderes del Estado y sus organismos correspondientes.

La Presidencia de la República, ministerios, Congreso de la República, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, Policía Nacional, gobiernos regionales, municipalidades y demás organismos gubernamentales tienen en los censos nacionales la principal herramienta para velar por la vida, el bienestar y futuro de toda la población, sin distingo alguno, con respeto a los derechos humanos.

Los censos se realizan desde inicios del siglo XIX. Analizando la tendencia de la gobernanza y el desarrollo nacional, los resultados son precarios y muy preocupantes. Los problemas sociales se agravan y agudizan; la pobreza no se detiene; al contrario, aumenta. Comunidades rurales y amazónicas viven en condiciones lamentables tal cual hace cincuenta años y siguen siendo invisibles para el Estado, pese a que se realizan en el 2017 el III Censo de Comunidades Nativas.

¿Qué es lo que pasa? ¿Los datos censales no son confiables? ¿Quiénes toman decisiones no le toman interés o no los saben interpretar? ¿La información no llega adonde debería llegar? Sea lo que fuere, hay un nudo gordiano aquí. Opino que el INEI debería promover las buenas prácticas públicas gestionando la información para la gobernanza en todas las instancias del gobierno y actores decisorios en el futuro del país, empezando con el nuevo gobierno del 2026.