Gerente Walther Oporto asegura que cumplió legislación vigente.

Ante la posibilidad de ser inhabilitado por tres años, el gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, anunció que judicializará el proceso sancionador iniciado por la Contraloría. El funcionario argumenta que el pago de bonos efectuado en 2023 se realizó en cumplimiento de la ley de negociación colectiva del 2022. Aseguró que existe respaldo legal para la entrega de dichos beneficios, por lo que –bajo su criterio– el procedimiento sancionador no tendría fundamento.

«Estamos siendo procesados, junto a la administradora [Miluzca Rivas Arestegui], por haber cumplido una ley. Nosotros no robamos ni malversamos. Somos procesados por cumplir la ley de negociación colectiva, la cual estamos obligados a respetar. (…) El Poder Judicial tiene una capacidad dirimente mucho más amplia. Estamos esperando el pronunciamiento para poder judicializar el proceso sancionador», declaró Oporto Pérez, gerente regional de Salud.

Por su parte, la Contraloría asegura que la aprobación y ejecución de los bonos alimentarios no cumplió con las disposiciones legales ni presupuestales vigentes. En consecuencia, los involucrados habrían incurrido en responsabilidad administrativa funcional al autorizar dichos pagos. Además, en el informe de auditoría N.° 032-2024, el órgano de control advirtió que la compra de 406 vales de consumo, como parte del apoyo alimentario, ocasionó un perjuicio económico de S/ 361 746 a la Gerencia Regional de Salud (Geresa), transgrediendo las restricciones de la Ley de Presupuesto 2023.

En respuesta, Oporto Pérez explicó que el bono alimentario también se otorgó en 2020, 2021 y 2022. En esa línea, afirmó que, en cumplimiento de los acuerdos de negociación colectiva, correspondía entregarlo nuevamente en 2023. Según su versión, el pago ya estaba presupuestado al igual que en años anteriores. Añadió que, de incumplir la ley de negociación colectiva de 2022, se hubiera expuesto a ser denunciado por omisión de funciones, lo que le habría acarreado consecuencias penales.

El titular de la Geresa indicó que esperará la resolución de la apelación presentada ante la Contraloría para, en función de la conclusión final, decidir las acciones correspondientes. Precisó que la eventual judicialización del proceso sancionador implicaría la paralización del caso por varios años, lo que le permitiría continuar en el cargo hasta el final de la gestión de Rohel Sánchez.

Resultados incompletos del SERUMS

El pasado 24 de agosto se realizó la evaluación correspondiente al SERUMS 2025-II. Aunque los resultados estaban programados para el 27 de agosto, la información se difundió la mañana del martes 26. Sin embargo, numerosos postulantes de psicología denunciaron que sus nombres no aparecieron en la lista publicada. Frente a ello, Oporto Pérez aclaró que el proceso estuvo a cargo de funcionarios de Lima y que se aplicaron controles estrictos, por lo que descartó irregularidades.

«La información que tenemos es que todavía no se ha terminado de publicar los resultados. Ya se difundió aproximadamente el 70 %. El resto, alrededor de 300 postulantes, debe conocerse en los próximos días. Hay todo un comité a nivel nacional. El resultado parcial se debe al gran volumen de postulantes. Estamos a la espera del pronunciamiento oficial a nivel nacional», concluyó Oporto Pérez.