Por Jorge Turpo R.

Empresa de saneamiento tiene temas pendientes por resolver.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encuentra en la etapa final para designar al nuevo miembro del directorio de Sedapar que representará a la sociedad civil. Tras un largo proceso de evaluación que se ha extendido más de un año, solo dos candidatos han sido considerados aptos para la entrevista final: el abogado Marco Falconí Picardo y el contador Javier Torres Álvarez.

Ambos postulantes fueron propuestos por distintas instituciones de la sociedad civil. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), junto con la Universidad Católica de Santa María (UCSM), respaldó la candidatura de Marco Falconí, excongresista por Arequipa y exmiembro de la Junta Nacional de Justicia.

Este proceso debió haberse resuelto en mayo de 2024, fecha en la que venció el mandato del anterior directorio de Sedapar.

Sin embargo, por razones aún no esclarecidas públicamente, el Ministerio ha demorado más de un año en completar la renovación total del directorio.

Hasta la fecha, ya se han designado dos de los tres miembros: Arturo Arroyo Ambia, en representación de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y Walter Díaz Valdivia, por el Gobierno Regional. Solo falta definir al representante de la sociedad civil.

La decisión final quedará en manos de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda.

La elección del nuevo director no es solo un trámite administrativo. Sedapar atraviesa actualmente un momento clave que exige una conducción técnica y firme desde su directorio.

Uno de los temas más urgentes es la negociación con la Sociedad Minera Cerro Verde por el pago del uso de agua residual tratada en la planta La Enlozada.

Cerro Verde sostiene que no está obligada a pagar por el uso de este recurso debido a que no existen tarifas ni una regulación clara.

En contraste, Sedapar reclama una deuda millonaria, aún no cuantificada oficialmente, por el aprovechamiento de estas aguas.

Resolver este conflicto podría marcar un precedente importante para futuras negociaciones entre empresas de saneamiento y el sector minero.