Presidenta TC, Luz Pacheco, defiende reciente decisión.

Por Jorge Turpo R.

Luz Pacheco sostuvo, en diálogo con periodistas regionales, que la decisión busca preservar la investidura presidencial. El fallo congela denuncias por muertes en protestas, Rolexgate y desactivación de Eficcop, pero mantiene las pruebas para que sean usadas después del mandato de Boluarte.

CUESTIONADA DECISIÓN

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, defendió la reciente decisión que ordena suspender las investigaciones fiscales contra la mandataria Dina Boluarte hasta el final de su mandato, el 28 de julio del 2026.

En una conferencia con periodistas regionales, Pacheco aseguró que el fallo responde a la necesidad de “preservar la investidura presidencial” y de evitar que los procesos abiertos distraigan a la jefa de Estado de sus funciones.

Según explicó, las pesquisas fiscales contra Boluarte por casos como las muertes en las protestas al inicio de su gobierno, el denominado Rolexgate y la desactivación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), generaban “un clima de inestabilidad política que no ayuda” al país.

“Las investigaciones la distraen de hacer su trabajo”, sostuvo la magistrada, en una clara defensa del blindaje temporal que el TC ha establecido.

Pacheco precisó que las investigaciones deberán detenerse porque “ya se han recabado todas las pruebas que a nuestro criterio son las que se pueden actuar como diligencia preliminar”.

Sin embargo, dejó en claro que las 21 carpetas fiscales abiertas contra Boluarte que no forman parte de este fallo podrán continuar su curso.

La presidenta del TC remarcó que las pruebas reunidas por la Fiscalía no serán eliminadas.

“Hemos considerado más prudente, justamente para evitar un blindaje, mantener esas pruebas y conservarlas para cuando termine el mandato de la señora y poder continuar con la investigación preliminar”, señaló.

Con ello buscó responder a las críticas que califican el fallo como un escudo de impunidad.

Lo que sí quedará restringido es la posibilidad de nuevas diligencias como allanamientos o levantamientos de secreto bancario y de comunicaciones.

Pacheco alegó que tales medidas “ponen en riesgo la seguridad del Estado”, recordando el episodio en el que Palacio de Gobierno fue intervenido por el Ministerio Público.

“En las carpetas que le han abierto a la presidenta tendrán que ver si ya se hicieron esos actos que se autorizaron. No habrá allanamientos, tampoco levantamiento del secreto bancario ni de las comunicaciones”, puntualizó.

UN FALLO CON EFECTOS A FUTURO

El fallo del TC no solo blinda a Boluarte, sino que establece un precedente para todos los próximos presidentes. A partir de ahora, mientras dure un mandato, solo se podrán realizar tres actos de investigación: la toma de declaración, pedidos de información y la entrega de documentos. El resto de diligencias se congelará hasta el fin del periodo presidencial.

La decisión del TC se sustenta en que, según la Constitución, un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, impedir el funcionamiento del sistema electoral o disolver el Congreso. Por ello, cualquier otro proceso debe esperar al término de su gestión.

En sus dos años y medio en el cargo, Boluarte ya acumula nueve denuncias constitucionales, entre ellas las relacionadas con las muertes en protestas, el presunto abandono de funciones por cirugías estéticas, el caso Rolex y acusaciones de encubrimiento a Vladimir Cerrón.

Todas han quedado congeladas hasta el 2026, salvo que el Congreso decida destituirla, lo que analistas consideran poco probable dado que el parlamento es su principal soporte político pese a su bajísima aprobación ciudadana, hoy cercana al 3 %.

BOLUARTE Y LAS CRÍTICAS

La propia presidenta Boluarte saludó el fallo del TC y lo calificó como un “legado de su gobierno”.

“Y así será hasta el 28 de julio del año 2026, fecha en que dejaremos un legado de trabajo honesto. Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, dijo.

Las reacciones, sin embargo, no se hicieron esperar. En declaraciones para El País, el constitucionalista, Franco García Lazo, el TC “acaba de permitirle a Dina Boluarte y a los futuros presidentes obrar, delinquir, esconder evidencias durante cinco años”.

El exlegislador, Gino Costa, cuestionó que a presidentes como Castillo, Vizcarra o Kuczynski se les haya destituido, mientras que a Boluarte y Merino “no se les toca ni con el pétalo de una rosa”.

En contraste, el parlamentario de Renovación Popular, José Cueto, defendió el fallo señalando que “no es un blindaje a la presidenta, solo se está cuidando la investidura presidencial independientemente del nombre”.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, respondió a las críticas indicando que el fallo no busca impunidad, sino proteger la figura presidencial. Aunque las investigaciones se reactivarán en julio de 2026, el mensaje inmediato es claro: por ahora, Boluarte no será tocada.