El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2025, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), mide el desempeño de las 25 regiones del país a partir de 17 indicadores agrupados en cuatro pilares: Conectividad y acceso a servicios, Salud, Educación e Instituciones. Su escala va de 0 a 1, donde 1 representa el mejor desempeño posible, lo que permite comparar avances y retrocesos regionales en el tiempo.

Los resultados muestran que seis regiones retrocedieron en el 2024 respecto al 2023, la mayoría en la macrorregión Sur y Centro. Una de ellas fue Arequipa, que pasó de 0,77 a 0,76 en su puntaje, lo que representa una reducción anual de 2,3 % y equivale a perder tres años de avances previamente alcanzados.

El retroceso de Arequipa se explica por la caída de tres pilares: Conectividad y acceso a servicios, Educación e Instituciones. Este último tuvo la mayor caída, al pasar de 0,52 en 2023 a 0,45 en 2024 —una reducción de 13,2 %—, mientras que los otros dos retrocedieron menos de 3%. Fue esta fuerte caída en Instituciones la que arrastró el desempeño regional y revirtió los progresos previos. El pilar de Instituciones está compuesto por cinco indicadores: capacidad de recaudación del impuesto municipal, velocidad de ejecución de inversiones regionales, velocidad de ejecución de inversiones locales, población víctima de hechos delictivos y tasa de homicidios.

El deterioro de Arequipa se dio en tres de ellos: la velocidad de ejecución de inversiones locales, la tasa de homicidios y la población víctima de hechos delictivos. En 2024, la región registró una caída de 2 % en el índice de velocidad de ejecución de inversiones locales—elaborado por el CPC—, que mide el tiempo transcurrido desde la viabilidad hasta el cierre de los proyectos ajustado por monto invertido. Esta reducción, de 0,53 a 0,52, sugiere que la ejecución de los proyectos se volvió más lenta, pues en promedio demandaron más tiempo por cada millón de soles invertido, lo que impidió que Arequipa mejorara su posición con respecto al 2023. A ello se sumó un gravísimo deterioro en seguridad ciudadana, un problema que —según el Ministerio de Economía y Finanzas— le costará al país cerca de S/ 20 mil millones este año, y que Arequipa no es ajena a esa realidad: la proporción de personas de 15 años a más víctimas de hechos delictivos en zonas urbanas de Arequipa subió de 16 % a 26 %, alcanzando el nivel más alto de los últimos ocho años. Al mismo tiempo, la tasa de homicidios por cada 100 mil arequipeños aumentó de 2 a 3, lo que representó un incremento de 52 % en un solo año y la colocó entre las más altas que ha registrado la región en ese periodo.

Este deterioro simultáneo en seguridad ciudadana y en la eficiencia de la inversión pública no solo erosiona la confianza de la población, sino que también limita el desarrollo económico y resta competitividad regional. Frente a ello, el CPC plantea, entre otras medidas, dos líneas de acción prioritarias: en seguridad, reducir o eliminar las barreras de acceso a la carrera policial —como las altas cuotas de ingreso, que actualmente ascienden a S/ 16 mil y desincentivan a potenciales aspirantes—; y en inversión pública, dos medidas complementarias: (i) agregar proyectos de alto impacto, escalándolos mediante gatillos y aplicando las mejores prácticas internacionales, de modo que sean ejecutados por unidades especializadas con capacidad técnica; y (ii) diseñar una metodología objetiva para la habilitación y priorización de proyectos durante el año fiscal, a fin de evitar la dispersión de recursos y las frecuentes modificaciones presupuestarias que reducen la efectividad del gasto. El tiempo de actuar es hoy: cada año perdido significa una oportunidad irrecuperable para el desarrollo nacional.