Durante décadas, el transporte público de Lima y Callao ha estado marcado por la improvisación, la informalidad y la precariedad. La denominada guerra del centavo y el régimen comisionista-afiliador son conceptos que han descrito con precisión este servicio esencial para la vida de millones de personas. El transporte urbano parecía condenado al caos. En medio de este panorama, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad que me honra presidir, ha iniciado en el 2025, luego de más de 20 años de espera, un proceso gradual de mejora del transporte público. Se trata de un cambio estructural que marcará un antes y un después en la historia de la movilidad urbana sostenible.

Mediante el otorgamiento de estabilidad jurídica, ahora los empresarios obtienen autorizaciones –títulos habilitantes– que les permiten operar en determinadas rutas por cinco años. Este período puede extenderse hasta 14 años si incorporan a sus flotas buses con tecnologías limpias. Antes se otorgaban permisos por un año o seis meses como máximo.

Pero el verdadero centro de esta reforma es el usuario, quien tendrá acceso a un servicio más seguro, moderno, confiable y eficiente, tal como debió ser en el pasado, tal como debió ser siempre.

La tarea es compleja, pero ya ha comenzado a dar sus primeros frutos. Como ATU, ya hemos habilitado más de 21 000 unidades de transporte público, de las 27 415 consideradas partes del parque automotor, según el Plan Regulador de Rutas. Del mismo modo, se ha formalizado al 95 % de las empresas de transporte; es decir, a 339 operadores.

Este proceso también incluye otras medidas complementarias. Por ejemplo, se ha iniciado el retiro definitivo de vehículos informales y obsoletos mediante el programa de chatarreo, que ha eliminado unidades con más de 35 años de antigüedad y con millonarias multas acumuladas. Ya se han chatarreado 236 vehículos; hasta fines de agosto se planea destruir otros 149. La meta es llegar a los 500 a fin de año.

Asimismo, se han enviado al depósito 287 vehículos informales solo en las tres primeras semanas de fiscalización sostenible. Es una acción que no pretendemos abandonar y en la que nuestros fiscalizadores son nuestros grandes y valientes aliados.

La formalización abre las puertas a otros actores que podrán participar en la adjudicación de nuevas rutas. También es una oportunidad única, que debe ser sostenida en el tiempo y que apunta a transformar el transporte público en un verdadero servicio ciudadano de calidad.

Los desafíos son múltiples y cada paso cuenta. Cada vehículo nuevo, cada ruta ordenada, cada empresario formalizado, cada unidad chatarreada, cada señal informativa instalada, cada pasajero satisfecho será una señal de que el cambio es viable, hacia una movilidad sostenible para Lima y Callao.