Verificaron ausencia de personal orientador sobre rutas y tarifas.

CUSCO

La Contraloría General informó que evidenció desorden en la atención y venta presencial de boletos de ingreso a la ciudad inca de Machu Picchu (Llaqta) en la boletería del Centro Cultural ubicado en el distrito de Machu Picchu Pueblo, a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDC Cusco).

Sostuvo que este hecho «afecta directamente la experiencia de visita y repercute de manera negativa en la imagen y calidad del servicio brindado en un destino turístico de relevancia mundial».

Una comisión de control verificó en el lugar los días 25 y 26 de agosto últimos, la ausencia de personal orientador a cargo de brindar información sobre las rutas y tarifas, carencia de señalética que contenga disposiciones relevantes sobre el proceso de venta presencial e información básica para los visitantes. También se evidenciaron fallas en la accesibilidad y atención a visitantes que requieran atención preferencial, incluso no hay interprete de lengua de señas peruana para los turistas con discapacidad auditiva.

Además, tras la revisión del Libro de Reclamaciones, el cual no se encuentra en un lugar visible para el público, se advirtió la existencia de reclamos por trato inadecuado y ofensivo, que incluyen expresiones de falta de respeto, acusaciones de mentir y presuntos actos discriminatorios por la no aceptación de carnets de estudiante en formato digital o sin fecha de caducidad.

En el Informe de Visita de Control N° 018-2025-OCI/5765-SVC, que comprendió el periodo de evaluación del 20 al 29 de agosto de 2025, se señala que las situaciones expuestas limitan la eficiencia, el orden y la seguridad del proceso de venta presencial de boletos y revelan el incumplimiento parcial de las disposiciones establecidas en el protocolo para la atención y venta presencial de boletos de ingreso a la Llaqta.

Indicó, asimismo, que durante la inspección y arqueo a la caja del referido centro cultural realizado el 26 de agosto pasado, se advirtió la falta de medidas de seguridad en la custodia de los fondos recaudados en efectivo, lo que podría ocasionar la pérdida de los recursos públicos por hurto, robo o falsificación.