Por: Carlos Meneses

Los peruanos necesitamos llegar a las elecciones con una ciudadanía tranquila y no incomodada por los riegos de terminar muertos en la aventura.

El polémico alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha revelado que en el año 2021, es decir, poco antes de participar en la campaña municipal electoral, fue amenazado de muerte. La extorsión que entonces rechazó obliga a preguntarse qué ocurrirá cuando el 12 de octubre próximo la autoridad edil capitalina se anime a decidirse si será candidato presidencial el 2026.

Las extorsiones se están haciendo en el Perú un problema de todos los días y para todas las gentes. Hay que preguntarse, entonces, si no ocurrirá otra vez lo que pasó el 2021 con López Aliaga y si es que ocurriera, tendrá la energía y valor suficiente para afrontar el riesgo y postular a la Presidencia de la República, por ahora tiene el primer lugar en las encuestas de opinión pública sobre si sería candidato con un 10 % de votos a favor, este resultado es a 8 meses de las elecciones.

Pero también tenemos que pensar en su seguridad personal y en las garantías que la Policía y el Gobierno le pueden dar para que pueda candidatear.

Lo importante es que todos los peruanos requerimos de protección y derecho a la vida y el Gobierno que convoque a elecciones tiene que garantizar que así sea y en eso coincidimos con las preocupaciones de quien ahora gobierna la capital y mañana puede ser quien sea escogido para gobernar el país.

Comprendemos la incómoda situación en que estarán todos los candidatos a la Presidencia o a las senadurías y diputaciones del 2026 y esa comprensión obliga también a que el gobierno de Dina Boluarte dé toda clase de garantías para que la tranquilidad retorne al país y a sus habitantes.