Por Jorge Turpo R.

Empresarios y autoridades asistieron a la inauguración de PERUMIN 37. Se estima que el impacto económico que generará la presente edición en Arequipa será de 100 millones de soles.

SE INICIÓ LA CONVENCIÓN MINERA

La cinta roja volvió a cortarse en Cerro Juli y Arequipa se convirtió, una vez más, en la capital minera del continente. Autoridades, embajadores, empresarios y académicos inauguraron PERUMIN 37, el evento que busca exhibir al Perú como vitrina de innovación y destino de inversiones.

La puesta en escena incluye más de 1,200 stands en EXTEMIN, delegaciones de 16 países, foros especializados y un discurso reiterado de sostenibilidad y responsabilidad social. Pero detrás del despliegue, persiste la pregunta crítica: ¿podrá la minería peruana ir más allá de la retórica y convertirse en motor real de equidad y desarrollo?

El lema de este año, “Juntos por más oportunidades y bienestar para todos”, parece sintetizar la aspiración de una industria que necesita legitimarse en un contexto de conflictividad social y desconfianza ciudadana.

Jimena Sologuren, presidenta de PERUMIN 37, subrayó que la feria no es solo un escaparate comercial, sino un espacio para “construir una minería cada vez más cercana a las comunidades”.

Darío Zegarra, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), complementó la idea: la industria solo se sostendrá si es responsable, transparente y centrada en las personas.

Sin embargo, esas palabras resuenan familiares. Cada edición promete lo mismo y, sin embargo, el mapa minero nacional sigue manchado por conflictos no resueltos y brechas sociales que no se reducen al ritmo de las ganancias.

El caso es que, mientras en Arequipa se habla de innovación tecnológica, en otras regiones del país comunidades sin agua potable ni servicios básicos siguen reclamando ser parte del beneficio que generan los recursos extraídos de su propio territorio.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales vinculados a la minería siguen siendo los más numerosos y persistentes.

La paradoja es evidente, un país con un subsuelo rico en cobre, oro y litio, pero con poblaciones enteras atrapadas en la pobreza.

Gustavo De Vinatea, gerente general del IIMP, lo reconoció en la víspera: “El gran desafío no es solo aprovechar los recursos, sino transformarlos en bienestar para todos los peruanos”.

En ese sentido, cuestionó los plazos excesivos de la tramitología minera, que pueden extender la puesta en marcha de un proyecto hasta 40 años.

Pero su análisis omitió un ángulo incómodo, no basta con agilizar permisos si no se fortalece, en paralelo, la gestión pública y la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza.

De lo contrario, el apuro por destrabar proyectos podría repetirse como una historia de imposición sobre comunidades que ya no aceptan ser espectadoras del progreso ajeno.

Los foros anunciados —del Agua, de Transición Energética Minera, de Equidad e Inclusión Social— prometen discusiones de fondo.

El primero abordará la infraestructura hídrica, un tema crítico cuando la escasez golpea a regiones altoandinas y costeñas.

El segundo se enfocará en la geopolítica de minerales críticos y la descarbonización, en momentos en que el cobre y el litio se vuelven estratégicos para la transición energética mundial. Y el tercero intentará dar respuestas a una exigencia urgente: cerrar brechas sociales en un país marcado por desigualdades.

La pregunta es si esas mesas de debate trascenderán el discurso y se traducirán en compromisos verificables o si quedarán como promesas de salón.

IMPACTO DE S/ 100 MILLONES

Arequipa, la anfitriona, también tiene su propio balance que hacer. Las autoridades locales destacan los beneficios inmediatos: ocupación hotelera al 100%, un movimiento económico superior a los S/ 100 millones en pocos días, y la proyección internacional de la ciudad como destino de turismo de negocios.

Jorge Meza Cruz, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, lo resumió como “una vitrina al mundo”.

Pero esa derrama económica, concentrada en una semana, contrasta con las carencias estructurales que la región aún no resuelve: transporte urbano colapsado, brechas en salud y educación, y proyectos de infraestructura demorados por la misma ineficiencia estatal que la minería suele criticar.

La inauguración de PERUMIN 37 estuvo marcada por un optimismo calculado. Los discursos celebraron la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre Estado, empresa y comunidades.

Sin embargo, la minería peruana enfrenta un espejo incómodo, la minería ilegal, que ya representa la mitad del oro exportado.

Ese fenómeno no solo erosiona las arcas fiscales, sino que alimenta redes de violencia, trata de personas y devastación ambiental. En ese terreno, el Estado luce rebasado y la industria formal apenas esboza propuestas de contención.

Lo cierto es que PERUMIN se repite como una postal donde se celebra la modernidad tecnológica, pero lo que se necesita con urgencia es modernidad social.

La legitimidad de la minería no se consolidará con drones, sensores o maquinaria autónoma, sino con agua limpia en las comunidades, con colegios que funcionen y con hospitales que curen.

La innovación que más espera el país no está en los stands de Cerro Juli, sino en la capacidad de convertir la renta minera en oportunidades palpables.

En esta edición, como en las anteriores, la minería peruana tiene la oportunidad de demostrar que puede dejar de ser vista como un enclave aislado y convertirse en verdadero eje de desarrollo nacional. La brecha ya no es tecnológica, es de confianza.