Foto: Jorge Esquivel

A pesar de resolver casos en un plazo máximo de 48 horas, la Unidad de Flagrancia de Arequipa no cuenta con un laboratorio forense que permita reducir los tiempos de respuesta. Además, desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJAR) informaron que, tras la promulgación nacional del “protocolo de actuación”, la labor de estas unidades será mayor, por lo que será necesario implementar nuevas sedes en provincias.

SE DEBE DESCENTRALIZAR

En más de un año de operatividad, la Unidad de Flagrancia de Arequipa permitió tramitar más de mil procesos considerados en flagrancia delictiva, incluyendo sentencias judiciales. Al mismo tiempo, contribuyó a disminuir la carga procesal en los juzgados comunes, lo que permitió que estos se concentren en procesos de mayor complejidad. Sin embargo, aún existen aspectos pendientes, entre ellos la implementación de un laboratorio forense que permita realizar los análisis a nivel local.

«Para tomar decisiones un juez debe tener resultados de exámenes biológicos, toxicológicos, de dosaje etílico o de sangre. Implementar un laboratorio forense, como última fase de implementación, permitiría a la Fiscalía y a la PNP contar con resultados de manera inmediata, de modo que los jueces reciban la información y puedan resolver los casos con datos más precisos», declaró Nicolás Iscarra Pongo, presidente de la CSJAR.

Tras la reciente aprobación de la Ley 32348, ley de procedimiento inmediato por flagrancia, se espera que la reglamentación y el protocolo de actuación definan con mayor exactitud qué materias deberán atender las unidades de flagrancia. De acuerdo a Iscarra Pongo, esto incrementará de manera considerable la cantidad de casos que deberán asumirse en la Unidad de Flagrancia de Arequipa, por lo que se requerirán descentralizar las sedes, siendo las provincias Camaná, Islay o Caylloma con mayor demanda y que justificarían la creación de una nueva unidad.

Actualmente, la CSJAR registra una carga procesal de 360 mil expedientes, de los cuales el 60 % está en etapa de ejecución. Es decir, la mayoría de casos ya cuenta con sentencia, pero se mantienen en proceso los trámites necesarios para hacerlas efectivas.