Por: Carlos Meneses

El país necesita, con urgencia, una estrategia de seguridad coherente, evaluable y sostenida en el tiempo. Más allá de los anuncios, lo que se espera son hechos. Como dijo el propio premier, “vamos a devolver a la ciudadanía la tranquilidad que se merece”. Esa es la promesa que hoy compromete al Gobierno y que mañana deberá traducirse en realidades tangibles para todos los peruanos.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha pedido a la ciudadanía que confíe en la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar la criminalidad. Sus declaraciones, formuladas tras la captura de peligrosas bandas como la de “El Monstruo”, buscan enviar un mensaje de esperanza y respaldo a una institución que, en los últimos años, ha visto erosionada su credibilidad por casos de corrupción interna y la percepción de ineficacia frente al delito.

La lucha contra la delincuencia es, sin duda, una de las principales demandas ciudadanas. La inseguridad afecta la vida cotidiana de millones de peruanos y deteriora el clima de inversión y desarrollo. Por eso, no basta con exhortaciones ni con anuncios puntuales; se requiere un plan sostenido, recursos adecuados y transparencia en los resultados. La captura de delincuentes notorios debe convertirse en la norma y no en la excepción.

El propio jefe del Gabinete reconoce que “la criminalidad de ahora no es la de antes” y que por años no se implementaron políticas ni se dotó de equipamiento suficiente a la PNP. Esa afirmación es, al mismo tiempo, diagnóstico y autocrítica. El compromiso del actual Gobierno de invertir en tecnología, logística y capacitación policial es un paso necesario, pero debe estar acompañado de supervisión y evaluación permanente para evitar que las viejas prácticas y redes de corrupción frustren el esfuerzo.

La ciudadanía necesita señales claras de que la seguridad se construye con trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, Fiscalía, Poder Judicial y sociedad civil. Sin justicia eficaz ni prevención social, la represión policial será insuficiente. La seguridad también se defiende fortaleciendo la investigación criminal, la inteligencia y la presencia territorial del Estado en los barrios más vulnerables.

La Policía es, en última instancia, la primera línea de defensa frente al crimen. Pero esa confianza debe sustentarse en resultados medibles, comunicación transparente y sanción ejemplar a los malos elementos. Solo así se recuperará plenamente el respeto y respaldo ciudadano.