Por Jorge Turpo Rivas

Observan proceso de compra en Municipalidad de Paucarpata. La Contraloría determinó que en la compra de hojuelas de cereales se excluyeron disposiciones sanitarias para garantizar la calidad y la inocuidad de los productos.

EN MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA

Un informe de la Contraloría General revela irregularidades en la compra, recepción y distribución de los insumos del Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Paucarpata.

El documento identifica discrepancias en las bases del proceso de selección y en los cronogramas de entrega que, según los auditores, ponen en riesgo la concurrencia de postores, la transparencia del proceso y la calidad de los alimentos destinados a una población vulnerable.

La auditoría de control concurrente revisó el procedimiento de contratación que la entidad abrió inicialmente en 2024 y volvió a convocar en 2025 bajo la Licitación Pública N.° 001-2024-MDP.

Informes del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado obligaron a declarar la nulidad del proceso y a retrotraerlo a etapas previas en varias ocasiones.

Ante la demora, la gestión del alcalde distrital, Marco Antonio Anco, adquirió directamente hojuelas de cereales, enriquecido lácteo y leche evaporada para cubrir los meses de enero a abril de 2025, una compra de emergencia que, advierten los auditores, exige controles adicionales.

Entre los hallazgos más graves, la Contraloría advierte que las bases integradas contienen información discordante respecto de requisitos sanitarios obligatorios para fabricantes de productos a base de cereales destinados a programas sociales.

En el caso de las hojuelas de cereales, el informe señala una aparente exclusión de disposiciones que regulan procesos como la molienda y el almacenamiento, materias que la Norma Sanitaria del Ministerio de Salud considera obligatorias para garantizar la calidad y la inocuidad de los productos.

Esa interpretación errónea o inexacta de las bases podría limitar la concurrencia de proveedores y, sobre todo, debilitar las garantías técnicas que protegen la salud de los beneficiarios.

Además, la Contraloría detectó discrepancias entre el cronograma de entrega consignado en la proforma del contrato y las fechas establecidas en las especificaciones técnicas del requerimiento.

Esa falta de congruencia impide que proveedores y la propia administración cuenten con información clara y coherente sobre los plazos de entrega, lo que puede derivar en demoras, incumplimientos o desabastecimiento de insumos esenciales para el programa.

Para un sistema que atiende diariamente hogares en situación de vulnerabilidad, la incertidumbre en los tiempos de suministro tiene efectos operativos y sociales inmediatos.

El informe recuerda que las contrataciones públicas se rigen por principios de transparencia, eficacia e igualdad de trato que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, y que la Norma Sanitaria para alimentos de programas sociales obliga al cumplimiento de requisitos técnicos que protegen la salud de los consumidores.

Al apartarse de esos marcos, la entidad no solo quedó expuesta a observaciones y nulidades por parte del OSCE y de los órganos de supervisión, sino que además asumió riesgos funcionales y fiscales por la compra fuera de un proceso competitivo.

La compra directa, justificada por la urgencia de atender a beneficiarios, requiere ahora también mayor escrutinio técnico y administrativo para demostrar que los insumos entregados cumplen con las normas sanitarias y que su adquisición se realizó con criterios de eficiencia y economía.

El informe recuerda que el programa prioriza a niños de cero a seis años, gestantes y madres lactantes, grupos especialmente vulnerables ante fallas en la calidad de los alimentos; la omisión o interpretación errónea de normas técnicas —como la referida al proceso de molienda y detección de metales— aumenta el riesgo nutricional.

La Contraloría recomienda además mantener registros claros y adoptar medidas preventivas para evitar la repetición de hallazgos similares en futuros procesos.

Aunque el Apéndice del informe indica que las situaciones adversas reportadas aparecen como «corregidas» tras la emisión de la Resolución de Alcaldía N.° 120-2025-MDP, la repetición de convocatorias anuladas y la necesidad de compras directas evidencian fallas de diseño y control interno que merecen una respuesta pública y documentada.

Corregir formalmente una base o un cronograma no borra el impacto operativo de meses sin un proceso de contratación válido ni las consecuencias que pueden sufrir miles de beneficiarios.