Por: Carlos Meneses

El 13 de octubre no es solo una fecha administrativa: es el primer filtro de responsabilidad para quienes aspiran a conducir el destino del país.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado que el próximo 13 de octubre vence el plazo para que las autoridades y altos funcionarios del Estado que aspiren a postular en las Elecciones Generales de 2026 presenten su renuncia. Se trata de una fecha clave no solo para los potenciales candidatos, sino también para la ciudadanía, que necesita reglas claras y previsibles en la antesala de un proceso electoral que definirá el rumbo del país para los próximos años.

La Resolución 0110-2025-JNE establece que ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y otras altas autoridades deben dimitir a sus cargos seis meses antes de los comicios. La norma también abarca a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes deberán pasar al retiro si pretenden postular. En el caso de los gobernadores regionales, la renuncia debe presentarse ante el consejo regional y remitirse al JNE hasta el 20 de octubre, asumiendo de inmediato el vicegobernador. Para los alcaldes, la presentación corresponde al concejo municipal y al jurado electoral, con el burgomaestre encargado tomando las riendas de la gestión.

Estas disposiciones, aunque formales, cumplen un propósito de fondo: evitar el uso indebido de recursos públicos y cargos oficiales con fines proselitistas, así como asegurar que quienes busquen un mandato popular lo hagan en igualdad de condiciones con los demás candidatos. El calendario electoral no es un mero trámite burocrático; es una salvaguarda para la transparencia, la equidad y la legitimidad de las elecciones.

Es importante que las organizaciones políticas y la opinión pública entiendan que el respeto de estos plazos no solo es una obligación legal, sino un compromiso ético con la democracia. Las renuncias y licencias, lejos de ser un obstáculo, son una garantía de que las campañas se desarrollen sin ventajas indebidas y con un mínimo de interferencia en la gestión pública.

El JNE, al recordar con antelación estos plazos, envía un mensaje de previsión y orden que debe ser respaldado por todos los actores del sistema político. Si queremos procesos electorales más limpios y competitivos, es fundamental que las normas se cumplan a cabalidad y que la ciudadanía esté vigilante.