Por Carlos Meneses

Por eso la pregunta “¿habrá más renuncias?” no es solo un asunto coyuntural. Es un test sobre la capacidad del Gobierno para anteponer el interés público al cálculo electoral y demostrar que, aun en campaña, la prioridad sigue siendo gobernar. Si no lo hace, 2026 podría convertirse no solo en un año electoral, sino también en un año de parálisis institucional.

La salida de Juan José Santiváñez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para lanzarse a la contienda de 2026 no solo revela las tensiones propias de un año preelectoral; también expone un patrón persistente en la política peruana: la delgada línea entre ejercer un cargo público y usarlo como plataforma electoral.

El canciller Elmer Schialer, titular de Relaciones Exteriores desde septiembre de 2024, intentó restar dramatismo al escenario. Negó que haya “convulsión” en el Gabinete y afirmó que se han tomado “previsiones” para reemplazar eventuales dimisiones con “los mejores cuadros disponibles”.

El mensaje del canciller busca proyectar estabilidad. Sin embargo, en términos analíticos, es imposible ignorar los costos que la inestabilidad ministerial tiene para la gestión del Estado. Cada renuncia abre un vacío que no se llena solo con designaciones rápidas: los nuevos ministros requieren tiempo para empaparse de sus carteras, ajustar equipos y definir prioridades. En un país con alta rotación de funcionarios —solo en este gobierno varios ministerios han tenido tres o más titulares en menos de dos años— estos procesos de aprendizaje repetidos debilitan la continuidad de las políticas públicas y erosionan la confianza ciudadana.

El caso del Ministerio de Justicia es ilustrativo. La designación de Juan Cavero Solano para reemplazar a Santiváñez fue recibida con cuestionamientos por sus antecedentes administrativos en la Dirección de Circulación y Seguridad Vial.

De cara a las elecciones generales de 2026, el Ejecutivo enfrenta un dilema. Si varios ministros deciden postular, la narrativa de “previsiones” podría quedarse corta. No basta con tener reemplazos listos; se necesita un plan explícito de manejo de la transición para que las carteras críticas —Salud, Justicia, Interior, Economía— no se conviertan en plataformas de campaña ni en despachos interinos. La política peruana ya ha mostrado que, sin reglas estrictas, los intereses electorales terminan condicionando las decisiones de gobierno.

El derecho a postular es legítimo, pero debería coexistir con normas más claras: plazos obligatorios de renuncia, límites al uso de recursos públicos y criterios más transparentes en la selección de sucesores. Sin estos mecanismos, la administración corre el riesgo de perder rumbo justo cuando más necesita continuidad.