Por Rocío Velazco C.

Pocas construcción cuentan con asistencia de un ingeniero o arquitecto.

SEGÚN INFORME DEL IPE

Arequipa, la segunda región más poblada del sur peruano, enfrenta un problema que va más allá de la falta de planificación urbana: más de 177 mil viviendas son informales y se levantan en zonas de riesgo, sin títulos de propiedad ni asistencia técnica profesional. Este escenario, combinado con deficiencias en la infraestructura educativa y de salud, revela un panorama crítico que pone en evidencia la vulnerabilidad de miles de familias, especialmente frente a fenómenos naturales como los sismos, frecuentes en la región.

El Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona que concentra el 90 % de la actividad sísmica mundial. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), Arequipa es, en lo que va de 2025, la segunda región con mayor actividad sísmica del país. En este contexto, el estado de la infraestructura resulta determinante para prevenir tragedias. Sin embargo, la realidad muestra que el déficit en viviendas seguras y en equipamiento público es una bomba de tiempo que amenaza la seguridad y calidad de vida de sus habitantes.

Viviendas informales: un problema estructural

Al cierre de 2024, la mitad de las viviendas construidas en Arequipa eran informales —177 mil en total—, de acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE). Esto significa que se levantaron en zonas no destinadas para la ocupación habitacional, carecen de títulos de propiedad y, en muchos casos, de servicios básicos.

La informalidad también se refleja en la calidad de la construcción. Apenas el 16 % de estas viviendas contó con la asistencia de un ingeniero o arquitecto, y solo el 15 % tramitó licencia de construcción, por debajo del promedio nacional (16 %). Como resultado, no sorprende que el 43 % de las casas informales presente techos de planchas de calamina, fibras de cemento o esteras, materiales de bajo costo pero escasa resistencia sísmica.

“Mi casa la levantamos poco a poco, con mis ahorros y con la ayuda de un maestro de obra. Nunca pedimos licencia porque era caro y demoraba mucho”, cuenta Juana Cárdenas, vecina del distrito de Cerro Colorado, quien vive en una zona considerada de alto riesgo sísmico. Su testimonio refleja la situación de miles de familias que, ante la falta de alternativas, optan por construir sin supervisión técnica.

El crecimiento de la vivienda informal también está vinculado a deficiencias en la gestión del Estado. Aunque la inversión pública acumulada desde 2015 en Arequipa asciende a S/ 1 182 millones —casi el doble del promedio nacional (S/ 644 millones)—, uno de cada cinco hogares urbanos todavía carece de acceso a redes públicas de agua y saneamiento. La proporción se ha duplicado respecto a los niveles prepandemia, lo que revela que las brechas no solo persisten sino que se han ampliado.

Déficit en infraestructura educativa

Los problemas de infraestructura no se limitan a la vivienda. En educación, Arequipa enfrenta serias deficiencias que afectan la calidad del servicio. El 27,3 % de las escuelas públicas de la región, que albergan a 18 mil escolares, requieren ser sustituidas completamente porque presentan un riesgo de colapso muy alto. En otras palabras, necesitan ser demolidas para su reconstrucción.

“Hay colegios que ya no resisten más parches. Si mañana tiembla fuerte, muchas aulas pueden desplomarse”, advierte Carmen Mamani, dirigente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) en el distrito de Paucarpata.

De acuerdo con el Censo Educativo 2024, de los 1 338 locales educativos que reportaron el estado de sus aulas en Arequipa, el 29,1 % señaló tener al menos un salón con problemas estructurales. Estas condiciones no solo afectan la seguridad de los estudiantes, sino también su rendimiento y bienestar. Un entorno escolar deteriorado limita los procesos pedagógicos, eleva la deserción y perpetúa desigualdades.

La falta de mantenimiento y de inversión sostenida en infraestructura escolar ha sido un reclamo constante de docentes y padres de familia. Si bien el Ministerio de Educación ha impulsado programas de mejoramiento y construcción de colegios, su ejecución ha sido lenta y no ha logrado cerrar las brechas acumuladas por décadas.

Salud en emergencia: hospitales y postas insuficientes

La infraestructura de salud es otro flanco débil. Según la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Ministerio de Salud, Arequipa requiere 339 establecimientos de primer nivel, pero solo dispone de 300. Esto refleja una brecha de 11,2 %, la quinta más alta del país.

Peor aún, el 99,7 % de estos locales opera con capacidad instalada inadecuada: no cuentan con infraestructura, equipamiento ni personal suficientes para atender de manera adecuada a la población. La situación hospitalaria es igualmente crítica: Arequipa cuenta con 12 hospitales, pero necesitaría al menos 2 adicionales para cubrir la demanda. De los que están en funcionamiento, el 90,9 % presenta capacidad instalada deficiente.

En distritos periféricos, las postas funcionan en locales improvisados. “Atendemos en ambientes pequeños, sin ventilación y con equipos obsoletos. Si ocurre una emergencia grande, no podríamos responder”, reconoce una enfermera del centro de salud de Yura que prefiere mantener el anonimato.

La pandemia de la COVID-19 dejó al descubierto estas carencias. Aunque se construyeron ambientes temporales y se adquirieron equipos, muchas de esas infraestructuras ya quedaron obsoletas y no se convirtieron en espacios permanentes. El resultado es un sistema de salud debilitado que, en caso de un desastre natural, podría colapsar rápidamente.

ALTA SISMICIDAD

Arequipa es una región altamente sísmica. En los últimos años ha experimentado movimientos telúricos de magnitud moderada a fuerte que han puesto a prueba su infraestructura. Las viviendas informales, los colegios deteriorados y los hospitales con deficiencias son factores que, combinados, pueden derivar en una tragedia de grandes proporciones en caso de un sismo mayor.

Los expertos coinciden en que no basta con reaccionar después de los desastres. Se requiere una estrategia preventiva, que incluya reforzamiento estructural, actualización de normas técnicas, capacitación comunitaria y, sobre todo, voluntad política para ordenar el territorio y promover la construcción segura.

BRECHAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Cerrar las brechas de infraestructura en Arequipa demanda una estrategia integral que combine control efectivo de la expansión informal con políticas de vivienda social. Ello implica impulsar una correcta planificación urbana, simplificar los procesos de licenciamiento y ofrecer incentivos para la inversión inmobiliaria formal y segura.

Además, es indispensable modernizar la infraestructura educativa y de salud. Para ello, los esquemas de colaboración público-privada, como las asociaciones público-privadas (APP) y las obras por impuestos (OxI), son herramientas clave para acelerar la construcción y reconstrucción de colegios y hospitales. Estas modalidades han permitido en otros sectores ejecutar proyectos con mayor rapidez y calidad, y podrían replicarse para cerrar las brechas más urgentes en Arequipa.

La gobernadora regional y los alcaldes provinciales tienen un papel central en la gestión del suelo urbano. Su tarea es garantizar que las familias accedan a terrenos seguros y servicios básicos, evitando la proliferación de asentamientos en zonas de riesgo. Al mismo tiempo, el Gobierno central debe asegurar financiamiento y asistencia técnica a los gobiernos locales para mejorar su capacidad de planificación y fiscalización.

El diagnóstico es claro: Arequipa necesita actuar ya para enfrentar su déficit de infraestructura. Cada día que pasa, más familias se instalan en viviendas precarias; más niños asisten a colegios inseguros; más pacientes acuden a centros de salud incapaces de atenderlos adecuadamente. El riesgo no es solo presente, sino también futuro: una población que crece sin acceso a servicios de calidad es una población más vulnerable, con menos oportunidades de desarrollo y más expuesta a desastres.

La experiencia internacional demuestra que invertir en infraestructura segura y planificada no es un gasto, sino una inversión que salva vidas y mejora la competitividad regional. La reconstrucción con cambios tras el Fenómeno de El Niño Costero, aunque limitada, mostró que con voluntad y coordinación es posible ejecutar obras en plazos razonables.

La ciudadanía también tiene un rol. Exigir transparencia en la ejecución de proyectos, participar en la planificación urbana y optar por construcciones seguras son pasos necesarios para revertir la informalidad.

En una región que aspira a ser polo de inversión, turismo y desarrollo, no puede seguir tolerándose que la mitad de sus viviendas sean informales y que sus escuelas y hospitales operen en condiciones precarias. La informalidad y la deficiente infraestructura no son solo estadísticas: son rostros, historias y riesgos concretos para cientos de miles de arequipeños.

A menos que se tomen decisiones firmes, el próximo sismo fuerte no solo pondrá a prueba las estructuras físicas de la región, sino también la capacidad de sus autoridades y de la sociedad para prevenir desastres y proteger la vida.