Por: Carlos Meneses

El Congreso no puede seguir actuando como si el dinero del Estado fuese un fondo personal para alimentar egos o cultivar votos. Cada sol malgastado es una afrenta a un país que exige seriedad, responsabilidad y respeto. Porque lo que está en juego no es solo un presupuesto: es la poca credibilidad que le queda a una de las instituciones más desprestigiadas del Perú.

El gasto de más de medio millón de soles en “eventos institucionales” por parte del Congreso de la República vuelve a desnudar una vieja práctica: la frivolidad con que muchos legisladores administran los recursos públicos. Bajo el pretexto de homenajes, aniversarios de leyes, sesiones fotográficas o simples arreglos florales, los congresistas han convertido el presupuesto nacional en una fuente inagotable de financiamiento para actividades que poco o nada aportan al país.

Entre enero de 2024 y julio de 2025 se realizaron 424 actividades con fondos del Estado, según el propio Congreso. El problema no es solo la cifra —más de 567 mil soles— sino el descaro con el que se justifican los gastos. Un congresista que celebra el aniversario de una ley que él mismo promovió, otro que destina dinero público para flores o ceremonias personales, y una parlamentaria que organiza sesiones fotográficas con escolares usando recursos del erario. No hay límites, ni vergüenza.

Este comportamiento revela una preocupante desconexión entre el Parlamento y la ciudadanía. En un país con hospitales colapsados, escuelas sin techo y familias que viven con el mínimo, resulta indignante ver cómo se despilfarra dinero en actos de autopromoción o en eventos de dudosa relevancia. No sorprende entonces que, según las encuestas, más del 94 % de los peruanos desapruebe al Congreso. La gente percibe que sus representantes legislan para sí mismos, no para el país.

Las normas permiten que cada congresista use hasta 6 mil soles anuales en este tipo de actividades. Pero esa autorización no equivale a una licencia para el derroche. Como bien señalan los especialistas, los legisladores ya reciben fondos suficientes para su trabajo, incluidos los destinados a la organización de eventos o viajes. Lo que estamos viendo no es una necesidad institucional, sino la banalización del gasto público y la normalización del privilegio.

Mientras la legitimidad del Congreso se derrumba, sus integrantes parecen más preocupados por las fotos y los homenajes que por recuperar la confianza ciudadana. La austeridad y la transparencia deberían ser principios básicos de la función pública, no palabras vacías en los discursos. Urge revisar, limitar y fiscalizar de manera estricta estos gastos.