Por: Jesús Guillén

La dinámica competitiva del mercado de telecomunicaciones y el cambio tecnológico han variado sustancialmente en los últimos 20 años, cuando la telefonía fija y los teléfonos de uso público (TUP) tenían un rol central en la conectividad nacional. Hoy, el servicio público móvil es el más extendido en el país.

La movilidad de este servicio, su mayor eficiencia y calidad, y permitir el acceso a internet, banca móvil, mensajería instantánea y el prometedor futuro de nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial, son ventajas que la telefonía fija existente en el país no puede ofrecer. Además de permitir servicios de voz con tarifas iguales o incluso menores al servicio fijo.

En este contexto, la práctica regulatoria recomienda dejar de establecer tarifas máximas o regular las tarifas de los servicios fijos, evitando así elevados costos y largos plazos tanto para Osiptel como para las empresas operadoras.

La regulación tarifaria se sustentaba en la condición de monopolio que poseía Telefónica del Perú (ahora Integratel) en telefonía fija. A inicios de la regulación (2001), la empresa controlaba el 99.7% de las líneas, situación que justificaba el establecimiento de tarifas tope y mecanismos como el factor de productividad (Factor X), que obligaba a trasladar ganancias de eficiencia a los usuarios.

Entre 2012 y 2024, el tráfico de llamadas locales fijo-fijo disminuyó un 97%, las llamadas de larga distancia nacional e internacional se redujeron 99.3% y 87%, respectivamente. Integratel pasó de tener el 97% del tráfico a 58%, compartiendo el mercado con otros operadores.

Por su lado, las líneas de teléfonos públicos se redujeron en 83.7%, y el tráfico en 99.8% en los últimos diez años. Prácticamente, las cabinas públicas son inexistentes y las que quedan impactan negativamente en el ornato y el mobiliario urbano.

La decisión del Osiptel de desregular y reducir la mal llamada inflación regulatoria, comparte la tendencia global en estos mercados, así la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), indica que más del 78% de los países europeos y más del 50% en América ya no aplican controles de precios. Desde hace 10 años en Chile y Colombia no existe esta regulación minorista, confirmando que el avance de la telefonía móvil y el cambio tecnológico vuelven obsoletos algunos modelos regulatorios.

La desregulación tarifaria de los servicios fijos es parte del cumplimiento de la política general de desregulación y simplificación prevista en la Agenda Anual 2025 del Consejo Directivo del Osiptel y compromete la continua modernización del regulador.