Por Rocío Velazco C.

Desconfianza hacia las instituciones no permite revertir cifras.

SILENCIO QUE ALIMENTA LA INSEGURIDAD

En Arequipa, la inseguridad ciudadana se ha convertido en un fenómeno cotidiano y cada vez más violento, pero las cifras oficiales apenas muestran una parte del problema. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales del INEI, entre 2019 y 2024 la tasa de delincuencia creció 28 %, pasando de 26,8 % a 34,3 % de víctimas. Sin embargo, solo el 20 % de ellas presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional. En otras palabras, 8 de cada 10 delitos quedan ocultos, sin registro, investigación ni sanción.

Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC) el subregistro de delitos se ha convertido en un obstáculo central para enfrentar la criminalidad. A nivel nacional, el INEI estima que el 80 % de los ciudadanos que sufren robos, estafas, extorsiones o agresiones no denuncian. En Arequipa, esta cifra se replica con especial gravedad debido a la desconfianza hacia las instituciones, la falta de resultados visibles y los engorrosos trámites que implica acudir a una comisaría.

“Denunciar es perder el tiempo”, resume con resignación María Ramos, comerciante del distrito de Miraflores, víctima de un asalto nocturno. “Fui a la comisaría y me dijeron que el patrullero no tenía gasolina, que vuelva al día siguiente. Al final desistí. Nadie me iba a devolver lo robado”.

DELITOS INVISIBLES

Los registros oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) dan cuenta de 19 837 denuncias en Arequipa hasta agosto de 2025. Sin embargo, si se considera el subregistro estimado, el número real de delitos podría superar los 90 000 casos en lo que va del año. Es decir, por cada denuncia presentada, cuatro delitos más quedan en la sombra.

El subregistro no solo distorsiona la magnitud real del problema, sino que debilita las políticas públicas. Los presupuestos, patrullajes y estrategias de seguridad se planifican sobre cifras parciales, lo que explica la falta de resultados sostenibles. “Si las estadísticas no reflejan la realidad, las decisiones también serán erradas”, advierte Luis Díaz, especialista en seguridad ciudadana. “La delincuencia se combate con información precisa, pero cuando el 80 % no denuncia, el Estado actúa a ciegas”.

Entre los principales motivos para no denunciar, el INEI identifica tres: la percepción de que “es una pérdida de tiempo” (44 %), la desconfianza hacia la Policía Nacional (14%) y el miedo a represalias (10 %). En distritos periféricos como Socabaya, Alto Selva Alegre o Cayma, los vecinos aseguran que el trámite de denuncia puede tomar entre tres y cinco horas, sin garantías de respuesta, agregan voceros del CPC.

DESCONFIANZA GENERALIZADA

La desconfianza hacia las autoridades es uno de los factores más persistentes. Según la última encuesta del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 68 % de los arequipeños desconfía de la Policía Nacional, y un 72 % considera que las comisarías “no atienden adecuadamente”. El resultado: los ciudadanos se retraen, y los delincuentes se fortalecen.

“Cuando los vecinos no denuncian, los criminales se sienten impunes”, sostiene el sociólogo Jorge Cárdenas, de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). “El delito se normaliza. Los robos al paso, los arrebatos en mercados y los fraudes digitales se vuelven parte del paisaje urbano”.

Los propios efectivos policiales reconocen las limitaciones. “Hay comisarías con solo dos policías por turno y sin vehículos operativos”, comenta un oficial del Cercado. “A veces no es falta de voluntad, sino falta de recursos. Pero eso la gente no lo ve; solo ve que no hay respuesta”.

MÁS VIOLENCIA, MENOS DENUNCIAS

El contraste entre el aumento de la violencia y la caída de denuncias es alarmante. A agosto de 2025, las defunciones por homicidio en Arequipa sumaron 39 casos, 18 % más que el año anterior y 144 % por encima de los niveles prepandemia. Al mismo tiempo, las denuncias por extorsión crecieron 30 % y las de homicidio, 49 % respecto a 2024.

No obstante, los expertos coinciden en que estos números apenas reflejan una fracción del fenómeno. Muchos casos de amenazas y cobros extorsivos nunca llegan a registrarse. “Los negocios pequeños son los más vulnerables”, explica Mariela Ramos, criminóloga de la Universidad Católica de Santa María. “Los extorsionadores piden sumas pequeñas, pero los afectados no denuncian por miedo o desconfianza. Esa omisión permite que las bandas sigan creciendo”.

En zonas como el Cono Norte, el mercado de Río Seco o el Terminal Terrestre, los comerciantes relatan que las llamadas intimidatorias o cobros de “cupos” son cada vez más frecuentes. “No denunciamos porque sabemos que después vienen las amenazas”, dice Edgar Quispe, dirigente de un grupo de comerciantes. “La Policía no puede protegernos todo el tiempo”.

EL IMPACTO

EL CPC insiste en que el bajo nivel de denuncias también afecta directamente la asignación de recursos públicos. En 2025, el presupuesto regional destinado a la división funcional “Orden Interno” fue de S/ 370 millones, 19 % menos que en 2019. Con información incompleta, los gobiernos locales y regionales subestiman la magnitud de la delincuencia y reducen el alcance de sus intervenciones.

“Las autoridades planifican sobre lo que se denuncia, no sobre lo que realmente ocurre”, indica el analista Carlos Andrade, del Consejo de Coordinación Regional. “El subregistro genera un círculo vicioso: menos denuncias, menos presupuesto, menos resultados y más desconfianza”.

A ello se suma la baja ejecución del gasto. A agosto, apenas el 62 % del presupuesto destinado a seguridad había sido ejecutado. Algunas municipalidades distritales, como Hunter o Characato, no alcanzan ni el 30 %. Mientras tanto, los vecinos siguen organizándose por su cuenta en rondas y patrullajes comunales, ante la falta de presencia policial.

Hacinamiento y control perdido

El problema no termina en las calles. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los penales de Arequipa presentan una sobrepoblación del 274 %. Los tres establecimientos de la región —Arequipa, Camaná y Puno-Chala— tienen capacidad para 812 personas, pero albergan a más de 3 000 internos.

El hacinamiento ha convertido las cárceles en focos de extorsión y coordinación delictiva. “Muchos delitos que ocurren fuera se planifican desde adentro”, reconocen fuentes del INPE. “Sin control efectivo, el sistema penal pierde su función disuasoria”.

Romper el círculo del silencio

La raíz del problema, coinciden los especialistas, es la ruptura del vínculo de confianza entre la ciudadanía y las instituciones. Sin denuncias, no hay investigación ni sanción; sin resultados, la gente deja de denunciar. “Es un círculo vicioso que solo se rompe con resultados visibles y atención efectiva”, explica Ramos. “Una comisaría moderna, rápida y transparente genera más denuncias que cien spots publicitarios”.

El Ministerio del Interior ha anunciado que implementará en Arequipa una plataforma digital para denuncias rápidas, que permitirá reportar delitos menores desde un celular o cabina pública. Sin embargo, los analistas advierten que la tecnología no basta si no se fortalece la capacidad de respuesta. “Denunciar en línea sirve de poco si la policía no actúa”, señala Díaz.

Mientras tanto, la población opta por callar. Según el INEI, el 84 % de los arequipeños considera que vivir en su ciudad es inseguro, y la mayoría prefiere evitar salir de noche o portar objetos de valor. La vida cotidiana se adapta al temor.

“Nos acostumbramos al miedo”, dice Rosa Apaza, vecina de Alto Selva Alegre. “Cuando hay un robo en el barrio, ya nadie pregunta. Solo cerramos la puerta y esperamos que no nos toque a nosotros”.Arequipa enfrenta, así, un desafío doble: frenar la violencia y reconstruir la confianza perdida. Mientras el silencio siga siendo la respuesta más común frente al delito, la inseguridad no solo persistirá, sino que seguirá creciendo en la sombra.