Por Jorge Turpo R.

El sociólogo José Luis Ramos advierte que el objetivo de los grupos políticos que vacaron a Dina Bolurte tienen como objetivo las elecciones generales de abril del 2026 para intentar perpetuarse en el poder.

INCERTIDUMBRE POR EL FUTURO POLÍTICO

La crisis política en el Perú entró a una nueva fase tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como presidente de la República. Para el sociólogo y docente de la Universidad Nacional de San Agustín, José Luis Ramos, lo ocurrido no fue un episodio inesperado o fruto de la improvisación parlamentaria, sino la ejecución de un plan político cuidadosamente diseñado desde hace meses.

Lo llama “golpe parlamentario progresivo” y sostiene que su objetivo final es controlar las próximas elecciones generales y capturar el Estado.

Ramos no duda al describir la secuencia que llevó a la caída de Boluarte. “Este ha sido un plan bastante detallado y de larga data. Desde el momento en que se elige a Jerí, ya esto estaba pensado. Sólo faltaba fijar la fecha y el momento más adecuado”, explica.

Según su lectura, la ofensiva final comenzó cuando Rafael López Aliaga rompió públicamente con Boluarte, seguido por el distanciamiento táctico de Keiko Fujimori, lo que dejó a la presidenta sin respaldo político significativo.

Después vino el episodio de violencia durante un concierto de Agua Marina que fue usado “como detonante” para acelerar la vacancia bajo el argumento de incapacidad para gestionar la seguridad ciudadana.

“En las mociones de vacancia no se habló de incapacidad moral permanente, sino de incapacidad en el cargo, y eso no es causal de vacancia”, advierte Ramos.

Pero el Tribunal Constitucional, que había eliminado en la práctica el control constitucional sobre este mecanismo, dejó el camino libre.

“Con ese fallo se legitimó el abuso. Al final, lo que cuenta no es el argumento, sino reunir 87 votos. Y ya está”. El Congreso obtuvo 122 votos para sacar a Boluarte, luego de permitirle sólo una hora para su defensa, lo que Ramos califica como “una vulneración deliberada del debido proceso” que abre la puerta para que la expresidenta busque asilo político en el extranjero.

EL VERDADERO OBJETIVO

Para Ramos, la clave no está en la caída de Boluarte, sino en el escenario que se configura hacia el 2026.

“El tema de fondo es el control de las elecciones. Ese es el objetivo real de los grupos que hoy controlan el Congreso”, enfatiza.

La tesis del sociólogo es que el fraude electoral en el Perú no se hará alterando actas o resultados, sino cambiando las reglas de juego antes de que se vote.

“El Congreso ya cambió la Constitución, creó una nueva cámara, modificó el sistema político y redujo a su medida los organismos electorales. Cuando un Congreso sin legitimidad cambia las reglas electorales, eso ya es fraude de origen”, sostiene.

Y añade: “Para asegurar el objetivo, buscan tener capturado todo el sistema de justicia: Fiscalía, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia. Se está cerrando el círculo de control del poder”.

En ese esquema, la figura de José Jerí, hoy presidente, resulta funcional.

“Gerí es un presidente manejable. No tiene experiencia pública, no tiene bancada, no tiene legitimidad y tiene denuncias. Es el presidente ideal para firmar lo que le pongan delante. No está ahí para gobernar, está para obedecer”, dice Ramos.

EL FANTASMA DE LA DICTADURA

Cuando se le plantea si hay riesgo real de ruptura democrática, Ramos responde sin rodeos: “No necesitamos tanques en las calles para estar ante una dictadura. Basta con usar la Constitución como arma, controlar el sistema judicial y perseguir a opositores y periodistas”.

Señala como ejemplo directo al precandidato Rafael López Aliaga, quien —recuerda— ha dicho abiertamente que en su eventual gobierno “sacaría a fiscales y periodistas incómodos”. “¿Qué tipo de régimen hace eso? Las dictaduras. Y él lo dice sin pudor porque sabe que ya tienen avanzado el control institucional”, afirma.

Sobre las recientes leyes que buscan revisar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestionar su permanencia, Ramos ve una señal inequívoca: “Están preparando el terreno para salirse del sistema interamericano y eliminar cualquier instancia internacional que pueda cuestionar sus decisiones”.

¿Y AHORA QUÉ?

Para Ramos, la salida democrática parece cada vez más estrecha. “El Congreso ya blindó su posición. Cerraron la posibilidad de un adelanto electoral, aseguraron la continuidad del Parlamento y ahora encabezan la transición”, señala.

Sin embargo, cree que aún hay margen de acción ciudadana.

“El reto ahora es vigilar que las elecciones sean algo medianamente transparente y legal. No perfectas, pero defendibles”.

Plantea la estrategia concreta de construir un frente cívico amplio para monitorear el proceso electoral, exigir misiones internacionales de observación, denunciar trampas legales y presionar para reformar el sistema después de los comicios.

“Si no hacemos nada, en 2026 no habrá elecciones, habrá coronación. El país puede entrar en un ciclo autoritario de décadas”, advierte.

La política peruana ya entró a su fase más peligrosa, cuando el abuso de poder se esconde detrás de la palabra democracia. Entre un Congreso que cambia las leyes a su favor y un presidente que obedece, sólo queda la vigilancia ciudadana para impedir que el país caiga en una dictadura sin anunciarse. Ramos lo resume así: “El verdadero golpe no fue sacar a Boluarte. El verdadero golpe está en el 2026”.