Montes figura en investigación fiscal por presunto crimen organizado.

El nombre de Glen Antonio Montes Malaver, hasta hace poco un empresario poco conocido en el circuito de espectáculos, se ha convertido en uno de los más mencionados por las autoridades. Como gerente general de Jessmir Producciones, organizadora del último concierto de Agua Marina en Chorrillos, Montes figura en una investigación fiscal por presunto crimen organizado y lavado de activos. Según la Policía Nacional, su empresa estaría vinculada a la red “Los Sanguinarios de la Construcción”, un entramado delictivo encabezado por el sujeto conocido como “El Jorobado”.

Cada afiche que anunciaba el evento del 8 de octubre llevaba el sello de la productora mencionada. Sin embargo, tras el violento ataque ocurrido durante la presentación de Agua Marina, el interés se desplazó del espectáculo a las conexiones que rodean a quienes lo organizaron. De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Montes asumió la titularidad de la empresa en 2024, aunque para la Fiscalía su nombre ya aparecía en la lista de investigados en una trama que abarca delitos de lavado de activos, extorsión y vínculos con redes criminales que operan desde prisión.

El 1 de octubre, apenas una semana antes del atentado, agentes del Ministerio Público y de la Policía realizaron allanamientos en Comas y Carabayllo. En esos operativos se incautaron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo, parte del cual estaba en euros. Los investigadores sostienen que estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que la estructura liderada por “El Jorobado” utilizaba diversas empresas, entre ellas productoras de espectáculos, para mover y ocultar recursos ilícitos.

De acuerdo con la División de Investigación contra el Crimen Organizado, la red delictiva identificada contaba con tres facciones: una dedicada a la construcción civil, otra a eventos bailables y una tercera que servía de enlace con municipios de Lima Norte. “Se pudo identificar una compleja red de empresas que operaría en favor de criminales para enriquecerse e incluso lavar activos”, explicó un agente citado en los informes fiscales.

Según el mismo documento, las productoras de conciertos funcionaban como un canal para el cobro de “cupos extorsivos”. Los delincuentes ofrecían seguridad a cambio de sumas incluidas dentro de los pagos a las empresas organizadoras. Esta modalidad garantizaba la continuidad de los eventos, pero también convertía a las promotoras en piezas dentro de un esquema de lavado de dinero.

Una fuente del caso indicó que “la elección determinada de la promotora garantizaba la seguridad de los conciertos”, lo que en la práctica significaba que el pago del cupo ya estaba contemplado. Las investigaciones apuntan a que el propio Montes Malaver habría tenido conocimiento de estos acuerdos, e incluso se habría beneficiado económicamente de ellos.