Certifican a entidades públicas y privadas que fomentan la igualdad de género.

A casi diez años de la promulgación de la Ley N.° 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, las instituciones de Arequipa aún muestran resistencia a cumplir con las disposiciones de la norma. Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informaron que un amplio porcentaje de empresas del sector privado —principalmente las informales— incumplen lo establecido, lo que dificulta reducir la incidencia de casos de violencia en la región.

La Ley N.° 30364, aprobada en noviembre de 2015, establece medidas para proteger a las personas en riesgo y obliga a las entidades públicas y privadas a implementar políticas de prevención. Las instituciones públicas y privadas cumplen un rol fundamental en su aplicación, por lo que deben conformar comités de prevención del acoso sexual, capacitar a su personal y crear espacios para la atención de la salud mental laboral. Sin embargo, la ejecución de estas medidas aún es parcial.

«El sector privado muestra resistencia. Muchas empresas priorizan la productividad antes que el bienestar de sus trabajadores. Más del 50 % de las empresas formales en Arequipa ya fueron capacitadas por el MIMP sobre la importancia de cumplir los lineamientos de la Ley N° 30364, pero aún existe un amplio número —en su mayoría de empresas informales— que no cumple con la normativa. Asimismo, existen dificultades para darles seguimiento», explicó Cristhian Nina Chávez, especialista del MIMP.

De enero a agosto del 2025, Arequipa registró 10 568 reportes de violencia atendidos en el Centro de Emergencia Mujer (CEM). De esa cifra, el 50.4 % corresponde a violencia psicológica, el 33.7 % a violencia física y el 15.4 % a violencia sexual. Además, se reportaron 10 tentativas de feminicidio y 9 feminicidios consumados, lo que posiciona a Arequipa como la segunda región con mayor incidencia, después de Lima (23 feminicidios y 66 tentativas), y por delante de Puno (9 feminicidios y 7 tentativas), Junín (8 feminicidios y 10 tentativas) y Cusco (8 feminicidios y 5 tentativas).

Las cifras reflejan que la violencia sigue siendo un problema estructural en la región. Ante esta situación, el MIMP promueve el sello “Empresa Segura”, una certificación dirigida a las entidades públicas y privadas que fomentan la igualdad de género en el entorno laboral e implementan acciones de prevención de la violencia contra la mujer dentro de sus organizaciones.