Por: Carlos Meneses

Mientras el reloj electoral sigue corriendo, el JNE, el Reniec y la ciudadanía tienen la oportunidad de marcar la diferencia. Transparencia, fiscalización y participación deben ser las palabras clave de este proceso.

El calendario electoral avanza, y con él, los plazos que determinan el juego político de los próximos meses. El 13 de octubre marca un hito clave: el último día para que las autoridades del Estado —ministros, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y altos mandos policiales o militares— presenten su renuncia si aspiran a postular en las Elecciones Generales de 2026.

Hoy, además, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cerrará oficialmente el padrón electoral. Ambos actos no son simples trámites administrativos, sino los primeros pasos formales hacia un nuevo ciclo democrático.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado que estas disposiciones buscan garantizar la equidad en la contienda y evitar el uso indebido de los recursos del Estado con fines proselitistas. No obstante, más allá de la formalidad legal, el cierre del padrón y las renuncias evidencian el reacomodo de las fuerzas políticas y la apertura de una etapa decisiva en la que se perfilarán los verdaderos contendores al poder.

Las dimisiones recientes —como las de los exministros César Vásquez y César Sandoval, el gobernador regional de la Libertad, César Acuñael y de Rafael López Aliaga de dejar la alcaldía de Lima para tentar la presidencia— no solo confirman las ambiciones personales, sino también el estado de descomposición y recomposición de los partidos. La política peruana, marcada por la volatilidad, parece moverse al ritmo de las oportunidades más que de las convicciones. En ese escenario, las renuncias se interpretan menos como gestos de desprendimiento que como cálculos estratégicos para mantener presencia electoral.

Sin embargo, sería injusto reducir este momento solo a la lógica del poder. El cierre del padrón electoral, que consolida la lista de ciudadanos habilitados para votar, representa también un recordatorio de la responsabilidad cívica que todos compartimos. La vigencia del DNI, la actualización de los domicilios y la participación informada son piezas esenciales para que el voto mantenga su fuerza transformadora. En un país donde la desafección política es cada vez mayor, reforzar la confianza en las instituciones y en el acto de votar es una tarea urgente.

La ruta hacia las Elecciones 2026 será larga y compleja. Las primarias de noviembre, la inscripción de candidaturas en diciembre y el inicio de la campaña marcarán meses intensos de debate y confrontación. Pero este proceso solo será legítimo si se sustenta en reglas claras, en el respeto a la ley y en un compromiso real de los actores políticos con la democracia. De nada servirá cumplir los plazos si las candidaturas reproducen los mismos vicios: improvisación, populismo y ausencia de propuestas.