Coordinador general Videnza Instituto

En el Perú se ha instalado una narrativa peligrosa: la idea de que la política y la economía transitan por cuerdas separadas. Que la inestabilidad institucional no afecta el bolsillo de los ciudadanos. Que, pese a la crisis política, la economía sigue su curso. Esta afirmación no solo es equivocada, sino costosa.

Hoy –como lo comentaran en la última edición del Perumin, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú y Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto– atravesamos los mejores términos de intercambio en 75 años. Los precios internacionales de nuestros productos de exportación están en niveles históricamente altos. El oro, por ejemplo, ha superado los 4 000 dólares la onza, cuando hace apenas un año costaba menos de la mitad. Perú es el segundo productor de oro en Latinoamérica. Sin embargo, el principal beneficiado parece haber sido la minería no formal, cuyo valor de producción pasó de 1 202 millones de dólares en 2014 a más de 7 300 millones en 2024. Un crecimiento que escapa al control del Estado y que no se traduce en ingresos fiscales para regiones y municipios.

La historia ofrece lecciones. En el mismo Perumin 37, Julio Velarde recordó que, en los años 50, con términos de intercambio como los que tenemos hoy en día, el Perú creció 8.8 % en 1950 y 9.3 % en 1951. Fue una época de gran inversión pública: hospitales, unidades escolares, estadios, viviendas. El Estado supo canalizar los ingresos fiscales hacia el desarrollo. Hoy, en cambio, crecemos apenas 3 %. Para reducir la pobreza de manera sostenida, necesitamos crecer al menos 5 %. Pero no lo logramos, y la pobreza sigue aumentando. Desde 2019, casi tres millones de peruanos han caído en situación de pobreza. Y no, no solo fue la pandemia, la tasa de pobreza también creció en 2022 y 2023.

La inseguridad es quizás un ejemplo más concreto del costo de la inestabilidad. En el país la inseguridad se ha vuelto la principal preocupación de los peruanos. En Arequipa, la tasa de victimización pasó de 15 % en 2021 a 34 % en 2024, la más alta en una década. Sin embargo, desde julio de 2021 hemos tenido 15 ministros del Interior, con una duración promedio de apenas 3.6 meses. ¿Cómo se puede implementar una estrategia de seguridad con ese nivel de rotación?

La inestabilidad política tiene consecuencias concretas, ya sea con costos directos y concretos, o con grandes costos de oportunidad de los que a veces parece no somos tan conscientes. Es una traba para la inversión, un freno al crecimiento, una amenaza para la seguridad y un obstáculo para reducir la pobreza. En las elecciones que vienen pensemos en esto, con sentido de oportunidad, analizando las opciones con calma. El costo de no hacerlo ya vivimos hoy.