Por: Carlos Meneses

El país no necesita solo estabilidad, sino legitimidad. Y esta no se obtiene a través del silencio ni del control, sino mediante el ejercicio transparente del poder y la atención real a las demandas ciudadanas. Si el llamado al diálogo de José Jerí es sincero, deberá demostrarse con hechos: apertura política, autocrítica y resultados tangibles en materia de seguridad y gobernabilidad. Solo así podrá transformar un discurso de coyuntura en una verdadera oportunidad para reconciliar al Estado con la sociedad que hoy lo mira con escepticismo.

El reciente pronunciamiento del presidente José Jerí ante el Congreso de la República marca un intento por devolver calma y dirección al país en medio de una coyuntura marcada por la desconfianza, la protesta social y la fragilidad institucional. Su llamado a sostener la estabilidad “en base al diálogo” y su decisión de solicitar facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana buscan proyectar una imagen de autoridad responsable, pero también evidencian la complejidad del momento político que atraviesa el Perú.

El mandatario asume su rol en un contexto de alta tensión. La reciente marcha en Lima, que terminó con la lamentable muerte de un joven manifestante, ha vuelto a poner sobre la mesa la distancia entre el Estado y la ciudadanía. Jerí reconoció la legitimidad del descontento popular, pero advirtió que “un grupo minúsculo” habría intentado desvirtuar las protestas con fines violentos. Su mensaje, en ese sentido, intenta equilibrar firmeza y empatía: rechaza la violencia sin criminalizar la protesta, y reafirma la responsabilidad del Estado de proteger tanto a los manifestantes como a las fuerzas del orden.

Sin embargo, más allá del discurso, la tarea de gobernar exige resultados concretos. El anuncio de pedir facultades para legislar en temas de seguridad responde a una demanda ciudadana urgente. La inseguridad, hoy el principal problema del país, se ha convertido en un factor que erosiona la confianza pública y alimenta la sensación de desamparo. En ese marco, Jerí promete “acabar con los extorsionadores, los sicarios y todo delincuente que altere la tranquilidad de la población”, una meta que solo será creíble si se traduce en políticas efectivas y sostenidas.

No obstante, el presidente también enfrenta un Congreso dividido y desconfiado, donde persisten las tensiones internas que lo llevaron a asumir temporalmente la jefatura del Estado. Su negativa a renunciar busca enviar un mensaje de continuidad, pero su permanencia dependerá de su capacidad para tender puentes, recomponer el diálogo político y recuperar un mínimo de consenso institucional.