Alonso Rey, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Comex Perú advierte que la falta de gestión impidió usar S/17 460 millones en obras y servicios básicos.

ENTRE EL 2022 Y 2024

La ineficiencia en la gestión pública sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. Entre los años 2022 y 2024, los gobiernos regionales y locales dejaron de ejecutar el 65 % de los recursos transferidos por la minería, lo que representa S/17 460 millones que debieron destinarse a obras y servicios esenciales. Así lo advirtió Alonso Rey, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú).

De acuerdo con el especialista, durante ese periodo las empresas mineras transfirieron S/ 26 860 millones al Estado peruano por concepto de canon, regalías y sobrecanon, pero la falta de capacidad técnica y administrativa en los gobiernos subnacionales impidió que esos fondos se traduzcan en infraestructura, salud, educación o servicios básicos para las comunidades.

“No hay derecho que las autoridades tengan el dinero y no sean capaces de ejecutar obras; mientras la ciudadanía sigue sufriendo carencias y abandono”, remarcó Rey, al señalar que la situación es especialmente grave en las regiones más pobres y con mayores ingresos por minería.

El representante de Comex Perú señaló que la ineficiencia en la ejecución del gasto público no solo genera la devolución de recursos al tesoro nacional, sino que debilita la confianza de la población en sus autoridades. Además, perpetúa la dependencia de la minería sin traducir sus beneficios en bienestar social ni en una verdadera diversificación económica.

Propuesta de fideicomiso

Frente a este panorama, Rey planteó la creación de un fideicomiso administrado por las propias empresas mineras, con la supervisión del Estado y la participación de las comunidades, que permita ejecutar directamente proyectos de impacto social. Este mecanismo —señaló— podría priorizar la construcción de infraestructura educativa, sanitaria, vial y de agua potable, especialmente en zonas rurales y de influencia minera.

“Si los gobiernos no ejecutan, debemos buscar mecanismos alternativos que aseguren que el dinero llegue efectivamente a la gente. No se trata de reemplazar al Estado, sino de complementarlo con eficiencia y transparencia”, sostuvo.

ALTA POBREZA Y BAJA EJECUCIÓN

La paradoja de la riqueza sin desarrollo se evidencia con claridad en regiones como Cajamarca, una de las más pobres del país, que a pesar de contar con cinco proyectos mineros pendientes de ejecución, continúa con bajos niveles de inversión pública. De igual manera, Loreto registra 302 obras paralizadas, de las cuales 296 corresponden a municipalidades, 14 al gobierno regional y 2 al Gobierno Central, según datos expuestos durante el foro.

Este escenario refleja una brecha estructural entre la disponibilidad de recursos y la capacidad de gestión, que limita el aprovechamiento del potencial minero del país. Para Comex Perú, revertir esta situación requiere fortalecer la institucionalidad, profesionalizar los equipos técnicos de los gobiernos locales y promover la transparencia en la gestión del canon minero.

“Tenemos que romper el círculo vicioso del dinero que sobra, pero no se invierte. El desarrollo no se logra solo con recursos, sino con liderazgo, planificación y capacidad de gestión”, concluyó Alonso Rey.