Por: Carlos Meneses

El Gobierno tiene hoy la oportunidad —y la obligación— de demostrar que puede enfrentar la delincuencia con eficacia, sin perder humanidad ni credibilidad.

El anuncio del Consejo de Ministros para aprobar el decreto supremo que declara en emergencia a Lima y Callao marca un punto de quiebre en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esta medida, anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, debe entenderse no como un gesto político ni como una respuesta simbólica a la indignación ciudadana, sino como una herramienta real para recuperar el control de las calles y devolverle a la población la confianza en el Estado.

La capital del país se ha convertido en escenario de una violencia creciente, donde el crimen organizado, las extorsiones, los sicariatos y los asaltos armados han dejado de ser hechos aislados para convertirse en parte del día a día. En ese contexto, la declaratoria de emergencia puede ser necesaria, pero su eficacia dependerá del contenido y del enfoque con el que se ejecute.

El propio premier Álvarez ha señalado que esta no debe ser “una declaratoria etérea, subjetiva”, sino una acción acompañada de un paquete de medidas concretas. Esa precisión es clave. En el pasado, el estado de emergencia en Lima y Callao se limitó a un despliegue temporal de las Fuerzas Armadas sin una estrategia clara ni coordinación efectiva con la Policía Nacional. Los resultados fueron escasos y el problema persistió. Por eso, esta nueva declaratoria debe ser diferente: planificada, con objetivos medibles, plazos definidos y mecanismos de evaluación permanentes.

El reto del Ejecutivo será articular una respuesta integral. No basta con más patrullajes o presencia militar; se requiere inteligencia operativa, fortalecimiento del sistema judicial y fiscal, y una decidida política de prevención social. La inseguridad no se combate solo con armas, sino con educación, oportunidades y presencia estatal en los barrios más golpeados por el crimen.

La muerte del joven Eduardo Ruiz en una reciente manifestación recuerda, además, que la autoridad debe ejercerse con respeto absoluto a los derechos humanos. La firmeza no puede confundirse con abuso, y el uso de la fuerza debe estar siempre regido por la ley.

El país espera resultados, no discursos. Si este decreto recoge verdaderamente los aportes de diversas entidades y busca una respuesta técnica, sostenida y transparente, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la seguridad pública. Pero si se convierte en otra declaración sin rumbo, solo reforzará el desencanto ciudadano.