Por: Carlos Meneses

El Perú necesita una política minera moderna, transparente y sostenible. Prolongar el Reinfo sería persistir en el error de confundir tolerancia con inclusión. Es momento de trazar una ruta definitiva, que diferencie a quienes realmente quieren formalizarse de quienes solo buscan una licencia para seguir depredando. La minería artesanal merece apoyo, pero el país no puede seguir siendo rehén de la ilegalidad.

Las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, han devuelto al debate público un tema crucial y postergado: la formalización minera en el Perú. El premier advirtió que una eventual ampliación del Registro de Formalización Minera (Reinfo) podría convertirse en un “incentivo para los mineros ilegales”. Su afirmación no solo es válida, sino necesaria, en un contexto donde el país aún no logra trazar una línea clara entre minería artesanal y minería ilegal.

El Reinfo fue creado con el propósito de facilitar el tránsito hacia la formalidad de miles de pequeños productores mineros. Sin embargo, más de una década después, el proceso sigue empantanado. Las sucesivas ampliaciones del registro —ya varias desde 2012— han terminado desnaturalizando su objetivo inicial. Lo que nació como una herramienta temporal de transición se ha convertido en una suerte de refugio legal para quienes operan al margen de la ley, degradan ecosistemas y alimentan redes de crimen organizado.

La advertencia de Álvarez llega en un momento en que sectores del Congreso buscan prolongar nuevamente el plazo del Reinfo, incluso por cinco años más. Esta pretensión, impulsada bajo el argumento de “empatía” con los mineros artesanales, ignora el costo ambiental, social y económico de mantener abierta una puerta que, en la práctica, ha permitido que la minería ilegal se enmascare de informalidad. No se puede seguir confundiendo comprensión con permisividad.

El Gobierno tiene razón al reconocer que la formalización es un proceso costoso y excesivamente burocrático: más de 180 pasos administrativos resultan inviables para un pequeño productor. Pero la solución no es extender indefinidamente el Reinfo, sino simplificar los procedimientos, descentralizar los trámites y ofrecer asistencia técnica real. Reformar el marco legal es una tarea impostergable si se quiere que la formalización sea viable y no un privilegio de la gran minería.