Por: Carlos meneses

La ciudadanía espera resultados, pero también garantías. La urgencia no puede ser excusa para vulnerar derechos o debilitar el control democrático. Recuperar la paz y el orden es un mandato legítimo, pero solo será duradero si se construye sobre la base del respeto a la ley, la institucionalidad y la confianza social. El país no necesita más discursos; necesita un Estado que, por fin, haga cumplir la ley con justicia y eficacia.

El anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, de solicitar al Congreso la delegación de facultades legislativas por 90 días, confirma que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el eje más urgente de la agenda nacional. No se trata solo de una medida política, sino de un reconocimiento explícito de que el Estado peruano, en su conjunto, ha perdido capacidad de respuesta ante el crimen organizado, la violencia callejera y la expansión de la ilegalidad.

El propio primer ministro lo ha dicho con claridad: el país vive una “situación crítica” que demanda respuestas “firmes e integrales”. Las palabras, sin embargo, deben traducirse en acciones coherentes, sostenidas y, sobre todo, respetuosas del marco democrático. Las facultades extraordinarias no son un cheque en blanco. Implican una gran responsabilidad y un escrutinio ciudadano riguroso.

En los últimos años, la inseguridad ha escalado a niveles alarmantes. Asesinatos por encargo, extorsiones, secuestros y redes criminales trasnacionales se han infiltrado en la vida cotidiana. Frente a ello, el Estado ha actuado de manera fragmentada: policías mal equipados, fiscalías saturadas, sistemas judiciales lentos y gobiernos locales desbordados. No basta con reforzar la presencia policial o endurecer penas. Es indispensable una estrategia integral que combine inteligencia, prevención, control territorial y recuperación del espacio público.

El anuncio de fortalecer la Policía Nacional y depurar sus filas es un paso en la dirección correcta, siempre que se haga con transparencia y sin instrumentalización política. La corrupción interna en las fuerzas del orden ha sido uno de los factores que más ha debilitado la confianza ciudadana. Limpiar la institución es una tarea impostergable si se pretende restablecer la autoridad del Estado.

El Congreso, por su parte, tiene la responsabilidad de evaluar con rigor el pedido de facultades. No debe actuar con reflejos partidarios ni mezquindades coyunturales. La seguridad no puede ser botín político. Es un bien común que exige consensos amplios y vigilancia permanente.