Por: Carlos Meneses

El Perú necesita avanzar, pero sin poner en juego la legitimidad de su democracia. La modernización electoral será un logro si llega acompañada de garantías técnicas, jurídicas y éticas que aseguren que cada voto —sea en una urna o en una pantalla— tenga el mismo valor, la misma seguridad y el mismo respeto ciudadano.

La posibilidad de implementar el voto digital en las Elecciones Generales de 2026 abre un debate de fondo sobre la modernización del sistema electoral peruano, pero también sobre la responsabilidad con que debe gestionarse un cambio de tal magnitud. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha señalado con acierto que la decisión final dependerá de los resultados de la auditoría técnica iniciada este mes, cuyos hallazgos se conocerán en diciembre.

El proceso no es menor. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolló el sistema de voto digital en cumplimiento del marco normativo aprobado recién en marzo de este año, lo que deja un margen de tiempo reducido para su verificación y validación. Como ha recordado el titular del JNE, en otros países este tipo de innovación tecnológica ha requerido entre cinco y diez años de pruebas, ajustes y pilotos antes de su implementación masiva. Pretender hacerlo en menos de dos años exige prudencia y rigor.

El voto digital promete ventajas evidentes: accesibilidad para los peruanos en el exterior, eficiencia en el conteo y reducción de costos logísticos. Sin embargo, también plantea riesgos que no pueden ser soslayados: vulnerabilidades informáticas, brechas de conectividad, y sobre todo, la confianza ciudadana en la inviolabilidad y el secreto del voto. En una democracia donde las instituciones atraviesan cuestionamientos constantes, la confianza es el bien más escaso y, por tanto, el más valioso.

Por ello, el papel del JNE será crucial. Su función no es acelerar un proceso tecnológico, sino garantizar la transparencia y la legitimidad del sufragio. Si los resultados de la auditoría concluyen que el sistema aún no ofrece las garantías necesarias, será sensato optar por un piloto acotado —como sugiere Burneo— antes que arriesgar la credibilidad de las elecciones. La prudencia, en este caso, también es una forma de innovación responsable.

El voto digital es, sin duda, el futuro de la participación electoral. Pero ese futuro debe construirse con bases sólidas, no con apuros normativos ni con promesas tecnológicas. La digitalización del sufragio no puede sustituir el valor esencial del voto libre, secreto y confiable.