Por: Carlos Meneses

Si la mesa de trabajo logra ese propósito, habrá valido la pena. De lo contrario, el Perú seguirá atrapado en el círculo vicioso de la informalidad, con los mismos problemas y los mismos discursos. Es momento de transformar la oportunidad en acción.

La decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de conformar una mesa de trabajo para abordar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal representa una oportunidad para replantear un proceso que, pese a tener más de una década en marcha, sigue siendo una tarea inconclusa. Con 14 votos a favor y 8 en contra, el acuerdo busca convocar a todos los sectores implicados —gobierno, gremios, especialistas y sociedad civil— con el objetivo de construir un texto consensuado antes del 15 de diciembre.

El anuncio llega en un contexto de tensión. Miles de mineros informales permanecen en la incertidumbre tras el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mientras el Congreso debate su posible ampliación. La propuesta de una mesa técnica puede ser el punto de partida para un diálogo real, siempre que no se convierta en una maniobra dilatoria ni en un espacio para legitimar intereses particulares.

El reto central es lograr un equilibrio entre la inclusión económica y la protección ambiental. La minería artesanal y de pequeña escala constituye una fuente de sustento para más de 200 mil familias en todo el país, pero también genera graves impactos cuando opera sin control ni supervisión. La informalidad ha abierto las puertas al uso indiscriminado de mercurio, la deforestación y la evasión tributaria, problemas que el Estado no puede seguir tolerando bajo el argumento del “sustento familiar”.

En este escenario, la Comisión del Congreso debe actuar con responsabilidad y visión de país. No se trata solo de prorrogar el Reinfo, sino de construir un marco legal integral que establezca reglas claras, plazos razonables y mecanismos efectivos de fiscalización. La llamada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) debería ser el eje de la discusión, pues ofrece la posibilidad de ordenar definitivamente el sector y separar a los verdaderos pequeños productores de las redes criminales que se amparan en la informalidad.

El diálogo propuesto debe ser amplio, transparente y técnico. La formalización minera no puede seguir reducida a una negociación política cada vez que se vencen los plazos del Reinfo. El país necesita una política pública sostenible, con presencia estatal en el territorio, asistencia técnica y acceso a mercados legales.