Por: Carlos Meneses

Antes de imponer un toque de queda, el país necesita un toque de atención al Estado: menos discursos, más gestión y más seguridad real.

El anuncio del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sobre la posible implementación de un toque de queda en Lima y Callao vuelve a poner sobre la mesa un debate complejo: ¿hasta qué punto las medidas de excepción garantizan seguridad o, por el contrario, evidencian la incapacidad del Estado para controlarla dentro del marco democrático?

Desde el 21 de octubre, la capital y el puerto más importante del país se encuentran bajo estado de emergencia. Una medida que restringe derechos como la libertad personal, el tránsito y la inviolabilidad del domicilio. Ahora, el Gobierno del presidente José Jerí evalúa ir más allá, considerando un toque de queda que limitaría aún más la movilidad de millones de peruanos.

Sin duda, el contexto es alarmante. La ola delictiva y la expansión del crimen organizado han convertido a Lima y Callao en zonas de alto riesgo, con cifras de homicidios, extorsiones y secuestros en ascenso. La población exige respuestas y el Gobierno siente la presión de mostrar resultados inmediatos. Sin embargo, recurrir de manera reiterada a medidas excepcionales puede convertirse en un síntoma preocupante de improvisación y falta de estrategia integral.

El control del orden interno no se sostiene únicamente en la presencia militar o en la restricción de derechos, sino en el fortalecimiento institucional de la Policía, la inteligencia criminal, la justicia y la prevención social. De lo contrario, los toques de queda se convierten en parches que adormecen la violencia sin erradicarla.

El Perú ya vivió décadas en las que el miedo justificó la militarización de las calles. Hoy, en tiempos distintos, las autoridades deben ser cuidadosas para no repetir errores del pasado. La seguridad ciudadana no puede construirse sobre el recorte permanente de libertades, sino sobre políticas firmes, coordinadas y sostenibles.

Si el Gobierno busca recuperar la paz, debe empezar por reconstruir la confianza. Y esa confianza no se gana con más restricciones, sino con resultados visibles, transparencia en las acciones y un verdadero compromiso con la reforma policial y la lucha frontal contra la corrupción que corroe al propio sistema.