Por Jorge Turpo R.

Se trata de un terreno de 13 mil 900 m2 destinado a un parque. Los invasores ya lo cercaron con bloques de concreto y la gestión del alcalde provincial, Jaime Mamani, no hace nada para desalojarlos.

DENUNCIA VECINAL

Un terreno público de 13 900 metros cuadrados, destinado desde hace más de diez años a convertirse en parque zonal, fue invadido por un grupo de personas en la urbanización Cerrillos I, distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná.

La denuncia la hicieron los propios vecinos, que hoy acusan la pasividad de las autoridades locales —municipales, policiales y fiscales— y alertan sobre un negocio inmobiliario en marcha que podría dejar sin espacio público a toda la comunidad.

Según la versión vecinal, la toma se produjo en los primeros días de agosto, cuando desconocidos cercaron parte del predio con palos y mallas negras.

Tras la primera intervención la municipalidad provincial, a través de la procuraduría, y la Policía procedieron a retirar los cercos.

Pero la calma fue breve: los invasores regresaron y, lejos de limitarse a volver a tender mallas, levantaron muros y bloques de concreto que hoy constituyen un cerco prácticamente impenetrable.

La tensión estalló cuando los pobladores presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía. Desde entonces, relatan, la investigación avanza con lentitud.

“Acudimos a la procuraduría, a la Municipalidad, a la Policía, a la Fiscalía; intentamos hablar con el alcalde, Jaime Mamani, y nadie nos responde”, dice uno de los vecinos en representación del comité vecinal.

La procuradora municipal, Dixie Rodríguez Cervantes, se negó a declarar a El Pueblo, alegando que necesita permiso para brindar versiones públicas.

Lo que más indigna a los habitantes es lo que califican como un trato preferencial hacia los invasores. La procuraduría no habría dispuesto un lanzamiento ni ordenado el desalojo inmediato del predio, sino que habría optado por encaminar el caso a un proceso judicial.

Esa demora, sostienen los vecinos, permitió que los invasores gestionaran el suministro eléctrico y la empresa SEAL instalara un medidor en el lugar, un paso clave para consolidar la ocupación y avanzar en la parcelación.

Los invasores, según la denuncia, aseguran contar con un documento de compraventa; sin embargo, esa versión ha sido desmentida por los residentes, que recuerdan el uso público del terreno.

Desde hace más de una década hay allí una gruta de la Virgen de Chapi y plantones de árboles que denuncian fueron arrasadas durante los primeros trazos que hicieron los usurpadores para planificar la venta de lotes.

El negocio que se perfila sería jugoso. Cada lote de 200 metros cuadrados ofertado en la zona tiene un precio orientativo entre 10,000 y 20,000 dólares. Los vecinos estiman que serían alrededor de 40 lotes, lo que permitiría a los presuntos promotores obtener más de medio millón de dólares si la venta se concreta.

Entre los nombres que circulan en la localidad aparece el de un sujeto de apellido Portugal, señalado por los moradores como uno de los promotores de la invasión y, según ellos, con presuntos contactos que le brindan impunidad frente a las autoridades.

El contexto agrega urgencia al conflicto. Cerrillos es una de las áreas más concurridas por la población arequipeña en la temporada de verano, y el aumento del valor de los terrenos en esa zona ha sido exponencial en los últimos años.

Los vecinos recuerdan además que, por gestiones previas, la administración del predio corresponde aún a la municipalidad provincial de Camaná, pese a que durante años se intentó transferirlo a la municipalidad distrital de Samuel Pastor para acondicionarlo como parque público.

“La municipalidad provincial lo tiene descuidado y ahora permite que esta área verde sea invadida con total impunidad”, dice la denuncia pública.

El episodio no ha estado exento de violencia. Los vecinos relatan amenazas directas. “Te voy a reventar la casa”, le dijo, según una vecina, uno de los promotores durante una confrontación cuando los vecinos reclamaron.

Ese clima de intimidación, sostienen, ha amedrentado a varias familias y limita su capacidad de movilización.

En este momento, la comunidad exige acciones concretas como la orden de desalojo inmediato, la recuperación del predio destinado a parque y la identificación y sanción de quienes impulsan la usurpación.

Además, piden transparencia sobre el trámite que permitió la instalación del servicio eléctrico y mayor celeridad por parte de la Fiscalía en la tramitación de la denuncia.

El alcalde provincial, Jaime Mamani, no se ha pronunciado públicamente sobre el caso hasta la fecha y la procuradora Dixie Rodríguez, asegura que todavía no consigue el permiso para brindar su versión a la prensa.

Mientras tanto, el terreno de 13,900 metros cuadrados sigue cercado y en riesgo de convertirse en una operación inmobiliaria que arrebató al barrio la posibilidad de un parque público.

La historia de Cerrillos I no es solo la de un terreno ocupado, es la de una comunidad que reclama la protección de sus espacios comunes frente a la especulación y la inacción institucional.

La pregunta que queda en el aire es si la provincia de Camaná, sus autoridades y sus órganos de control, actuarán a tiempo para impedir que un espacio para las familias termine siendo una propiedad privada vendida al mejor postor.