El pasado martes, el Consejo Fiscal (CF) publicó una nota de discusión que ha encendido las alarmas en el escenario político nacional: El Congreso, desde 2021, ha promulgado 229 leyes con impacto negativo en las finanzas públicas, y hay 352 dictámenes en el Congreso que, de convertirse en leyes, también afectarían nuestras finanzas. De hecho, solo considerando 41 iniciativas legislativas de las cuales se tiene un costo fiscal plenamente identificado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el impacto en el gasto público de 2026 sería superior a los 25 mil millones de soles.

Así, estamos ante un escenario en el que los parlamentarios vienen generando legislación que es inconstitucional (los congresistas no tienen iniciativa de gasto) y que además tendría serias consecuencias fiscales, pues ya el Consejo Fiscal prevé que, de implementarse todas estas normas, la deuda pública en 2036 podría alcanzar 70 %.

Sin embargo, uno de los puntos más interesantes dentro de la información que publicó el Consejo Fiscal, es que se puede encontrar que las iniciativas están diseñadas a atender la problemática de una población en particular, sin solucionar problemas de fondo y generando inequidades dentro de los mismos potenciales beneficiarios

El caso más emblemático es la autógrafa de ley que establece una nueva pensión para los jubilados docentes de la carrera pública magisterial, para que la pensión se equipare al salario de un docente actual en la primera escala (actualmente en 3.300). Esta norma tendría un costo, según el MEF, de S/ 7 395 millones anuales (cerca del 30 % del total del impacto potencial de las 41 iniciativas legislativas). De aprobarse e implementarse esta ley, los únicos pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones y del Decreto Legislativo 20530 que tendrían un aumento de pensiones serían los docentes de la carrera pública magisterial.

La primera de las disparidades es la que se encuentra con aquellos docentes que siguieron su vocación en el sector privado. ¿Por qué aquellos docentes que tuvieron una vida de servicio en escuelas privadas, formando estudiantes y que aportaron durante años al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) tienen que verse excluidos de un aumento de tal magnitud?

La segunda es entre los mismos servidores públicos. ¿Por qué un docente debe recibir una pensión de S/ 3 300 y que aumentará progresivamente con el tiempo, y no lo recibe, por ejemplo, un médico o una enfermera qua han atendido pacientes en los hospitales del Minsa por años, y han aportado también al SNP?

Este caso no es único, pues, por ejemplo, dentro de las iniciativas legislativas identificadas por el CF, se encuentran también normas que trasladarían a los trabajadores del Poder Judicial o de la SUNAT, de un régimen laboral con 12 sueldos, a otro con 15 sueldos. ¿Por qué solamente los trabajadores de esas instituciones deberían recibir ese tipo de beneficio?

Así, en la práctica, los parlamentarios están generando gasto público solo para beneficiar a determinados grupos, aquellos con los que tienen afinidad o a quienes esperan convencer en una futura elección. No se busca una solución para reformar el sistema de pensiones o mejorar la meritocracia en el sector público, sino parchar problemas con medidas fiscalmente irresponsables y con poco debate público. Plantear soluciones de este tipo, en la práctica, son altamente inefectivas, pues es fiscalmente inmanejable pagar pensiones de S/ 3 300 para todos los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones y del Decreto Legislativo 20530. De hecho, el MEF estima en más S/ 23 mil millones todo el presupuesto anual que se necesitaría para pagar a todos los pensionistas de estos regímenes dicho monto, sin importar su profesión, lo que impedirá la implementación de este tipo de normas, sin atender los problemas de fondo del país.