Por Carlos Meneses

De cara a las elecciones de 2026, el país no puede permitirse volver a tropezar con los mismos errores. Los partidos tienen la oportunidad —y la obligación— de demostrar que pueden ejercer la política con decencia, respetando la ley y al electorado. No hay mejor campaña que la coherencia entre el discurso ético y la práctica política.

El reciente pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la inscripción de candidatos inhabilitados pone en el centro del debate una verdad incómoda: la limpieza del proceso electoral no depende solo de las instituciones que lo organizan, sino, sobre todo, de la conducta ética de los partidos políticos.

El magistrado del JNE, Willy Ramírez, recordó que los partidos son los primeros garantes de la idoneidad de sus postulantes. No basta con cumplir los requisitos formales para inscribir una candidatura; se trata de respetar el espíritu de la ley y proteger la legitimidad del sistema democrático. La llamada ventanilla única electoral ofrece a las agrupaciones políticas una herramienta eficaz para detectar a tiempo si un aspirante tiene antecedentes penales, deudas o sanciones que lo descalifiquen. No usarla o hacerlo de manera negligente equivale a cerrar los ojos ante la falta de transparencia.

La advertencia es clara: si un partido inscribe a un candidato inhabilitado, el JNE podrá remitir el caso al Ministerio Público para determinar responsabilidades penales o administrativas. Esto no es un gesto burocrático, sino una defensa del principio fundamental de que nadie con condena en primera instancia puede postular a un cargo público. La medida cautelar, aunque discutida, busca preservar la confianza ciudadana en la política, una confianza que hoy se encuentra profundamente deteriorada.

Los partidos políticos deben entender que la renovación de la clase dirigente no se logra solo con rostros nuevos, sino con prácticas distintas. Postular a personas con antecedentes judiciales, o tratar de burlar los filtros institucionales, debilita la credibilidad de todo el sistema. No hay democracia sólida si los ciudadanos perciben que los mismos de siempre encuentran resquicios para volver al poder.

Asimismo, resulta importante que el JNE actúe con firmeza y transparencia en cada caso, y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre los motivos de exclusión o aceptación de candidaturas. La integridad del proceso electoral debe estar por encima de intereses partidarios o cálculos políticos.