Por: Carlos Meneses

La confianza ciudadana en las instituciones no se construye con discursos, sino con responsabilidad y prudencia. Cuando el Estado falla en proteger la información de sus ciudadanos, mina su legitimidad y su credibilidad. Es momento de asumir responsabilidades y corregir el rumbo antes de que nuevos errores profundicen la brecha entre el ciudadano y el sistema que debería protegerlo.

La reciente exposición de datos personales del Padrón Electoral en la web del Reniec ha generado un legítimo malestar en la ciudadanía. No se trata de un simple error administrativo, sino de un hecho que revela una preocupante falta de criterio y de respeto por los derechos fundamentales de millones de peruanos. Tal como advirtieron especialistas en temas electorales, esta situación compromete no solo a la entidad responsable de administrar la información, sino también al Congreso de la República, que aprobó una norma sin prever sus riesgos.

En un contexto global donde la protección de datos personales es un principio básico de la gobernanza digital, el Perú no puede permitirse retrocesos. La publicación de información sensible, como direcciones domiciliarias, expone a los ciudadanos a riesgos de seguridad, acoso y fraude, afectando su privacidad y vulnerando su derecho constitucional a la protección de datos. Lo más grave es que, según lo señalado por Tello, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales había emitido dos informes de advertencia que no fueron tomados en cuenta. Ignorar tales alertas no solo es negligente, sino éticamente inaceptable.

El argumento de que Reniec actuó “en cumplimiento de la ley” no exime su responsabilidad. La razonabilidad en la aplicación de las normas es un principio esencial de la función pública. Cuando el cumplimiento literal de una disposición puede generar un daño a los ciudadanos, las autoridades tienen el deber de coordinar, evaluar y prevenir. Reniec debió prever que la publicación indiscriminada de domicilios atentaba contra el principio de proporcionalidad y que los fines de transparencia electoral no justifican exponer información personal.

Por otro lado, el Congreso también tiene una cuota de corresponsabilidad. En su afán de regular y fiscalizar, ha legislado sin la debida consulta técnica y sin ponderar las implicancias prácticas de sus decisiones. Una ley mal concebida puede tener consecuencias graves, sobre todo cuando involucra bases de datos que contienen información sensible de millones de personas.

Este episodio deja una lección clara: la protección de los datos personales debe convertirse en una política de Estado. No se trata solo de evitar sanciones o críticas públicas, sino de garantizar la seguridad de los ciudadanos en un entorno digital cada vez más vulnerable. Es urgente que tanto Reniec como el Congreso revisen sus procedimientos, establezcan protocolos de seguridad más estrictos y fortalezcan la articulación con la Autoridad Nacional de Protección de Datos.