Por Germán Yuca Ch.

Crimen organizado reemplaza a la delincuencia común y muchas amenazas provienen del penal de Socabaya.

UN 20 % MÁS QUE EN EL 2024

El delito de extorsión se consolida como una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana en Arequipa. Hasta finales de octubre, la Región Policial registró 376 denuncias, un incremento del 20 % en comparación con el mismo periodo del 2024. La cifra equivale a un promedio mensual de 38 casos, y refleja una tendencia preocupante: el crimen organizado está ganando terreno frente a la delincuencia común.

Según explicó el jefe de la Región Policial Arequipa, general Olger Benavides Ponce de León, los patrones delictivos han cambiado en los últimos años. “Estamos viendo una disminución de los delitos comunes, como robos o asaltos, pero un crecimiento constante de las extorsiones organizadas. Esto nos preocupa porque son estructuras criminales más complejas, que operan desde dentro y fuera de la región”, advirtió.

EL NUEVO ROSTRO DEL CRIMEN

Benavides detalló que gran parte de las extorsiones son ejecutadas desde el penal de Socabaya, utilizando teléfonos celulares ingresados de manera ilegal. “Durante este año, hemos incautado más de 600 celulares usados por internos para amenazar y exigir dinero a comerciantes, transportistas o empresarios. Pese a los controles del INPE, se requiere mayor tecnología y coordinación para impedir el ingreso de estos equipos”, señaló.

Las víctimas reciben llamadas o mensajes en los que los delincuentes exigen pagos a cambio de “protección”, o amenazan con atentar contra sus familias o negocios. En otros casos, se simula un secuestro o un accidente, lo que provoca temor y lleva a muchas personas a entregar dinero sin denunciar el hecho.

“Necesitamos que las víctimas se animen a denunciar. Solo con evidencias —como llamadas, mensajes o depósitos bancarios— podemos rastrear a los responsables y sostener los casos ante el Ministerio Público”, subrayó Benavides.

INVESTIGACIONES Y CAPTURAS

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa logró capturar a los autores de casi un centenar de casos, lo que representa un 29 % del total de denuncias. Sin embargo, más del 70 % de los implicados sigue en libertad, lo que demuestra la dificultad de desarticular las redes de extorsión.

De acuerdo con los reportes policiales, los delincuentes emplean diversas modalidades. Una de las más frecuentes es la extorsión telefónica, en la que los criminales fingen pertenecer a bandas conocidas o suplantan a autoridades policiales. Otra modalidad es la “gota a gota”, donde prestamistas ilegales amenazan a comerciantes para recuperar el dinero con intereses usureros.

“La dinámica del crimen ha cambiado. Hoy, una persona puede extorsionar a cientos desde un teléfono, sin salir de una celda o sin siquiera estar en Arequipa. Por eso la investigación debe ser más técnica, con rastreo de llamadas, seguimiento financiero y trabajo de inteligencia articulado con otras regiones”, precisó el jefe policial.

BANDAS OPERAN DESDE OTRAS REGIONES

Las investigaciones también revelaron que varias extorsiones en Arequipa provienen de Trujillo y Cusco, regiones con alto índice de criminalidad. En octubre, la Policía logró identificar a delincuentes de esas ciudades que extorsionaban a empresarios locales. Agentes de inteligencia viajaron para coordinar su captura en operativos conjuntos con las divisiones policiales locales.

“Ya no hablamos de delincuentes improvisados, sino de redes organizadas que se comunican entre regiones, comparten información y replican métodos. Por eso es clave el trabajo coordinado entre las unidades de inteligencia a nivel nacional”, destacó Benavides.

SOCABAYA, EPICENTRO DEL DELITO

El penal de varones de Socabaya se ha convertido en una de las principales fuentes de operaciones de extorsión en el sur del país. Los internos logran mantener contacto con el exterior mediante celulares, chips y acceso irregular a internet.

La Policía ha realizado diversos operativos en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pero el problema persiste. “Cada vez que ingresamos, hallamos más de un centenar de teléfonos escondidos en paredes, colchones o desagües. La tecnología de bloqueo de señal no es suficiente, y por eso pedimos una modernización urgente del sistema penitenciario”, remarcó el coronel.

Las autoridades policiales coinciden en que, mientras no se controle la comunicación interna de los penales, las extorsiones seguirán creciendo. En muchos casos, las llamadas provienen de números anónimos o de chips comprados con documentos falsos, lo que dificulta rastrear a los autores.

El incremento de extorsiones ha generado temor en comerciantes, empresarios y transportistas, que se sienten cada vez más vulnerables. Muchos negocios en los distritos de Cerro Colorado, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero han recibido amenazas, según fuentes policiales.

“Estamos reforzando los patrullajes y el monitoreo de llamadas extorsivas. Además, capacitamos a los agentes para actuar de inmediato cuando una víctima denuncia. Pero el combate al crimen organizado exige también una respuesta judicial rápida y sanciones efectivas”, enfatizó Benavides.

La Policía insta a los ciudadanos a no ceder al miedo ni realizar pagos, y a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 1818 o directamente en la Divincri. “Cada denuncia permite frenar un caso más y proteger a otras posibles víctimas”, concluyó el jefe policial.

Un problema que exige acción conjunta

El aumento sostenido de denuncias por extorsión evidencia un cambio profundo en la criminalidad arequipeña. Ya no se trata de robos aislados o pandillas menores, sino de estructuras organizadas con alcance regional.

Frente a ello, la Policía Nacional insiste en la necesidad de fortalecer la inteligencia digital y el control penitenciario, así como promover una mayor cultura de denuncia ciudadana. De lo contrario, la ciudad corre el riesgo de ver cómo la extorsión —una práctica que antes parecía lejana— se convierte en parte de la rutina cotidiana.