Por Carlos Meneses

Es responsabilidad del Estado garantizar que sus plataformas no se conviertan en puertas abiertas para la vulneración de derechos. En tiempos en que el padrón electoral y la identidad digital son piezas esenciales de la democracia, la transparencia debe ir de la mano de la seguridad. La lección que deja este caso es clara: el acceso a la información pública debe equilibrarse con la protección de la intimidad ciudadana. De lo contrario, la confianza en las instituciones seguirá erosionándose, y con ella, el respeto a los valores más básicos del Estado de derecho.

La reciente citación del Congreso a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, tras la publicación del padrón electoral con datos personales visibles, ha puesto sobre la mesa una discusión urgente: ¿están nuestras instituciones realmente preparadas para resguardar la información de los ciudadanos en la era digital?

El episodio, ocurrido el 27 de octubre, cuando se difundió la lista del padrón inicial de electores, generó comprensible alarma pública. Miles de ciudadanos advirtieron que, al consultar sus datos, también podían acceder a los de otras personas, incluyendo direcciones y números de DNI. Aunque el Reniec sostiene que la publicación se ajustó a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones y que no hubo filtración ni hackeo alguno, el hecho ha evidenciado un problema de fondo: la falta de criterios modernos de protección de datos personales dentro de los procesos institucionales.

Es cierto que la publicación del padrón electoral es un procedimiento establecido por ley y responde a la necesidad de transparentar el registro de votantes. Sin embargo, la forma en que esta información se difunde debe ser revisada y actualizada. El principio de publicidad no puede colisionar con el derecho fundamental a la privacidad. La ciudadanía tiene derecho a conocer la legitimidad del padrón, pero no a costa de exponer datos que podrían ser mal utilizados.

La investigación preliminar iniciada por la Junta Nacional de Justicia contra la titular del Reniec no debe interpretarse únicamente como una medida disciplinaria, sino como una oportunidad para reformar los protocolos de seguridad de la información en las entidades públicas. En un país donde los delitos informáticos y el robo de identidad van en aumento, la protección de datos personales no puede quedar sujeta a interpretaciones administrativas ni a normas desactualizadas.