Por: Carlos Meneses

El anuncio del presidente José Jerí de solicitar facultades legislativas al Congreso en materia de seguridad ciudadana es, sin duda, una señal de que el Gobierno busca actuar con rapidez frente al principal clamor ciudadano: la inseguridad. Sin embargo, más allá del gesto político, lo que realmente debe evaluarse es la capacidad del Ejecutivo para traducir estas facultades en resultados concretos y sostenibles.

El país atraviesa una situación crítica. Las cifras de robos, extorsiones y homicidios han escalado en casi todas las regiones, mientras la sensación de miedo se ha instalado en barrios y centros urbanos. No hay inversión ni desarrollo posible cuando la violencia desborda a las autoridades. De allí que Jerí haya enfatizado que “nadie invierte en un lugar que no cuente con seguridad”. Pero el diagnóstico ya es conocido; lo que falta es una estrategia de ejecución clara, articulada y libre de improvisaciones.

Pedir facultades legislativas implica solicitar al Congreso la posibilidad de legislar por decreto en temas sensibles. Esa delegación requiere confianza y, sobre todo, una hoja de ruta precisa. No se trata de acumular normas, sino de diseñar una política integral que refuerce a la Policía Nacional, modernice la inteligencia criminal, reordene el sistema penitenciario y promueva la prevención desde las comunidades.

La coordinación con los gremios empresariales, mencionada por el mandatario, puede ser positiva si realmente se convierte en un espacio de propuestas técnicas y no en un gesto protocolar. El sector privado, víctima directa de la inseguridad, tiene mucho que aportar en materia de tecnología, vigilancia y gestión urbana. Pero el liderazgo debe provenir del Estado, con metas medibles y una evaluación permanente de resultados.

Jerí ha hablado de “declarar la guerra a la delincuencia”, una expresión fuerte que apela al hartazgo ciudadano. No obstante, la seguridad no se gana solo con discursos combativos, sino con reformas estructurales, presupuesto suficiente y una cadena de mando eficiente. La experiencia de anteriores gobiernos demuestra que la represión sin prevención ni justicia efectiva solo posterga el problema.

El país necesita resultados, no promesas. Si el Ejecutivo busca facultades, debe demostrar capacidad de gestión y transparencia. La lucha contra la delincuencia no admite improvisaciones ni protagonismos. El reto es devolverle al ciudadano lo que más ha perdido en los últimos años: la confianza de vivir sin miedo.